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La guerra de las grandes superficies

 

 

César Miralles

Director general del Gabinete de Estudios Socioeconómicos del Gobierno canario
[Martes, 20 de octubre de 2009]

 

 

 

 

 

Cogiendo el testigo de las asociaciones de defensa de los consumidores, la patronal que representa a Carrefour, Eroski y Mercadona amenazó esta semana con denunciar ante los tribunales europeos a los gobiernos autonómicos que continúen impidiendo la libre competencia y el libre establecimiento en las respectivas regiones. En concreto, mientras los empresarios demonizan a los gobiernos por las trabas, denegaciones o esperas infinitas que tienen que soportar para poder abrir un establecimiento en una comunidad autónoma donde no estén establecidos previamente, los consumidores alzan la voz contra los precios abusivos que se ven obligados a soportar en lugares donde unos pocos empresarios cuentan con una protección especial gubernamental.

El argumento que subyace para pedir la protección del empresario “local” o “nacional” a costa de del consumidor tiene su origen en la teoría económica de la “industria naciente” desarrollada en el siglo XIX por el economista de origen alemán Friedrich List para proteger al empleo y a la industria manufacturera alemana que se encontraba en decadencia por el dinamismo de la industria manufacturera británica – más competitiva en aquellos momentos. El hilo de argumentación es muy simple: por diversos motivos expuestos con frecuencia por políticos y empresarios (por ejemplo, salarios más altos, coste de insularidad, lejanía…), las empresas “de aquí” o “ya establecidas” (catalanas en Cataluña, canarias en Canarias...) no aguantarían una mayor competencia de empresas “de fuera” y en consecuencia el Gobierno de turno debe proteger los puestos de trabajo existentes impidiendo la entrada.

En mi opinión se trata de un proteccionismo sin sentido y muy costoso para la mayor parte de la sociedad. En primer lugar, el proteccionismo comercial supone un elevadísimo coste para el consumidor final. En el caso de la protección de la industria supone no sólo un elevadísimo coste para los consumidores sino también para el resto de la industria local (por tanto empresarios) que utiliza para producir los bienes y servicios ofertados por la industria protegida. A modo de ejemplo, las bodegas conejeras en la actualidad demandan un tipo de botella que sólo pueden conseguir fuera de Canarias por lo que se ven obligadas - para competir en diseño con otras bodegas no canarias - a importar botellas de vidrio del exterior pagando el sobrecoste del impuesto a la importación (AIEM) al que está sometido la botellas de vidrio para precisamente proteger a la industria vidriera canaria.

En segundo lugar, la realidad contradice todos los argumentos a favor del proteccionismo. A este respecto, es muy importante diferenciar entre grandes superficies y centros comerciales. Por ejemplo, Lanzarote cuenta con centros comerciales como Deiland pero carece de establecimientos de grandes superficies como Carrefour o Mercadona. Siendo honestos, no creo que nadie argumente que la apertura del centro comercial Las Terrazas o Siete Palmas en Gran Canaria, Las Rotondas en Fuerteventura, o de la apertura de Deiland o del apreciado IKEA en Lanzarote, haya podido destruir más empleo local del que ha generado con su apertura. Por tanto, de igual modo, no existen argumentos sólidos para no defender que la apertura de Lidl o Mercadona en Lanzarote vaya a crear más empleo del que podría destruir.

En cuanto a centros comerciales, a pesar de que la Comunidad de Madrid cuenta con la mayor superficie de centros comerciales por habitante de toda España, sus habitantes disfrutan de una de las cestas de la compra más baratas, una de las menores tasas de paro de toda España y un sector comercial no sólo basado en las grandes superficies (que abundan) sino también en el pequeño y mediano comercio. Sólo hay que darse un paseo por la calle Fuencarral para ver la coexistencia entre el pequeño comercio y las grandes superficies.

En una situación de crisis económica donde la inversión decrece y el paro se hace insostenible no podemos rechazar inversiones beneficiosas para la mayoría de la sociedad. Sería un grave error convertirnos en una Comunidad Autónoma proteccionista. Solo hace falta echar un vistazo a nuestra historia más reciente para darnos cuenta de que nunca fuimos una región proteccionista. Todo lo contrario. Hemos disfrutado siempre de una menor fiscalidad y de zonas francas.

En conclusión, los gobiernos deben escuchar a sus ciudadanos, que demandan no solo comercios pequeños, autóctonos y cercanos sino además grandes centros comerciales de ocio, y grandes superficies que ofrezcan precios más accesibles para los bienes de primera necesidad (alimentación, vestido, calzado...) - aspecto clave para las rentas más bajas que son quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de bienes de primera necesidad.