Mario Alberto Perdomo
[Miércoles, 13 de mayo de 2009]
Ledesdorfe, SL, ya ha presentado 118 pleitos contra licencias urbanísticas concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise. Anunció al menos 400 demandas, por lo que le quedan 282 por interponer. El saldo final será de 400 rehenes que pasaban por allí, a los que habría que sumar las familias de los propietarios.
Ledesdorfe, SL, es una sociedad constituida por promotores de suelo en el plan parcial Playa Blanca, en el que aspiraban a construir 1.200 viviendas con fines residenciales. Pero el Cabildo impugnó el plan y la justicia lo ha anulado. El frustrado volumen de negocio ronda los 400 millones de euros. Total, un rehén por cada millón malogrado. Es curioso: se basan en el estricto cumplimiento del Plan Insular de Ordenación de la isla para conseguir que éste no llegue a aplicarse al final.
Los integrantes de Ledesdorfe, SL, se sienten agraviados. Consideran que, en el combate que libra por la contención del crecimiento turístico, el Cabildo de Lanzarote actuó de forma discrecional a la hora de recurrir licencias urbanísticas con fines turísticos o residenciales en zonas turísticas. Así que si el Cabildo no recurrió las residenciales, ya se ocupan los de Ledesdorfe, SL. Más que nada por joder. Los perjudicados, los rehenes, son los compradores de aquellas 400 viviendas, y que, en su mayoría, actuaron de buena fe. El desenlace que buscan es de pura discrecionalidad política, una solución que libere a los 400 retenidos y que, de paso, amnistíe al Plan Parcial Playa Blanca y sus expectativas de desarrollo, cifradas en 1.200 viviendas y unos 400 millones de euros de negocio.
Las impugnaciones previas a los pleitos van caminando. Hay casas amenazadas en los planes parciales Costa Papagayo, San Marcial de Rubicón, Castillo del Águila, Montaña Roja, Puerto Calero, Cortijo Viejo, todas ellas en Yaiza, y también en el plan parcial Costa Teguise. Los abogados de Ledesdorfe, SL, se van a hinchar.
Llegados a este extremo, parece oportuno poner rostros, nombres y apellidos a los componentes de esta empresa, que, en un acto de postrera desesperación, ha decidido acrecentar el mayor problema territorial y urbanístico de la isla, metiéndole presión social. La misión es la no aplicación de las leyes argumentando: para todos o para nadie. La parte oculta de la misión es escapar de las más que supuestas querellas que pudieran llegar a interponerles los compradores de buena fe en el propio Plan Parcial Playa Blanca. Pero esa es otra historia relacionada con evidentes perjuicios patrimoniales.
El otro aspecto que resultaría esclarecedor conocer es la identidad de los abogados que han planteado este movimiento táctico. En su día, Ignacio Díaz de Aguilar Cantero defendió los intereses del plan parcial Playa Blanca, sosteniendo que el Ayuntamiento de Yaiza había actuado correctamente al aprobar la urbanización de dicho plan. Aunque el Cabildo avisó de los problemas de invalidez del plan parcial, los promotores decidieron seguir adelante. De aquel polvo, este barrizal.
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