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Deuda histórica

 

 

Martín del Mar

[Martes, 21 de abril de 2009]

 

 

 

 

El presidente del Gobierno de Canarias tiene la intención de convocar a la Federación de Cabildos Insulares (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para evaluar la deuda histórica contraída por el Estado con el Archipiélago. Algo nos deberá, se de suponer, y, si es así, habrá que reclamarlo.

Puestos a reclamar, Paulino Rivero ofrece una excelente oportunidad para que islas y municipios le exijan que el Gobierno que preside les abone lo que les debe. Entre los acreedores hay dos grandes bloques. De un lado, están los que tienen muy poco pendiente de cobro, que son aquellos Cabildos y Ayuntamientos tradicionalmente gobernados por CC y/o PP, y que, por eso mismo, han recibido una trato de favor en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. De otro lado, se encuentran los que tienen mucho pendiente de reconocimiento, es decir, Cabildos y Ayuntamientos tradicionalmente no gobernados por CC y/o PP, y que, por eso mismo, han recibido una trato discriminatorio en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Aunque no lo llame por su nombre, el presidente del Ejecutivo autónomo quiere hablar de financiación del Estado hacia la Comunidad Autónoma, lo cual es territorio exclusivo de la negociación de un nuevo Estatuto de Autonomía. Hablar de dinero con el Estado equivale a entenderse con un nuevo modelo de financiación en el marco de una reforma del Estatuto. Pero sobre esto es imposible abrir procesos de negociación si, a la vez, no se pone sobre la mesa una profunda reforma del sistema electoral que rige en las Islas, y que está diseñado para que el partido del presidente gobierne siempre y en cualquier circunstancia y, además, detente siempre y en cualquier circunstancia la Presidencia del Gobierno.

Buen momento para plantear la deuda histórica contraída por la Comunidad Autónoma con Lanzarote. Comenzó a acumularse a principios de los años 90, cuando los nacionalistas de allá quisieron castigar a los nacionalistas de aquí porque se les salieron del tiesto y empezaron a pensar por su cuenta. Al final castigaron a las instituciones públicas locales para limitar la capacidad de acción política de sus cabezas políticas. Quien pagó, al final, fue la isla y su población. Con el paso de los años, Lanzarote fue perdiendo la ventaja adquirida en el pasado por méritos propios, mientras las inversiones y el gasto autonómicos se destinaban a otros lugares. Todavía hoy la isla está pagando el deterioro de sus equipamientos colectivos e infraestructuras básicas, así como su pérdida de competitividad y de protagonismo en el concierto canario. Todo porque, desde entonces, el Gobierno autónomo no ha invertido ni gastado lo que le correspondía. Unos 150 millones de euros le debe el Gobierno canario a Lanzarote.

Lo apropiado es hablar de todo ello y a la vez, porque todo está interrelacionado. De una parte, todas las instituciones públicas canarias le piden al Estado que cumpla los compromisos financieros del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), y, con la misma, la Comunidad Autónoma se compromete a tratar con equidad a Cabildos y Ayuntamientos. Nuevo Estatuto y nueva financiación autonómica, sí, pero también nuevo sistema electoral. La financiación no puede esperar, pero la crisis económica tampoco. Y la democracia, menos. Así que todo en el mismo acto y en la misma mesa. A ser posible, al margen de intereses electorales. Todos juntitos para tratar de resolver viejos problemas estructurales y, lo que es más importante, para hacerle frente al paro y a la exclusión social como objetivos primordiales. O se procede con claridad y franqueza, o el fracaso está asegurado: ni deuda histórica del Estado, ni nuevo modelo de financiación, ni reforma del Estatuto de Autonomía, ni revisión del sistema electoral, ni atrasos a Lanzarote, ni nada de nada.

 

 

 

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