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Inalsa y la Ley

 

 

Jaime Puig

[Martes, 21 de abril de 2009]

 

 

 

 

 

La grave crisis económica de Inalsa ha derivado en crisis política. Nada raro en una isla donde no se pacta sobre programas y objetivos sino sobre el no me toques que yo no te miro. Partido Socialista y PIL llegan al borde del abismo donde la empresa pública del agua habita desde hace tiempo y tratan de salvarla de su caída de dos maneras bien distintas. Milagro que no se haya precipitado ya hasta el fondo. Los insularistas quieren negociar, euro a euro, la deuda con cada uno de los acreedores. El PSC pretende someter a Inalsa a un concurso voluntario de acreedores, es decir, a la Ley Concursal.

A la Ley Concursal se puede llegar de dos maneras: de forma voluntaria (donde los administradores mantienen sus facultades aunque deben someterse a la administración que designe la Justicia ) o de forma obligatoria (concurso necesario) que es cuando lo piden los acreedores. En este caso los gerentes pierden todas las competencias a favor de la administración concursal. El Partido Socialista opta por lo primero: someterse voluntariamente.

Inalsa debe mucho dinero. Al margen de los doce millones de euros, más intereses, que ha de pagarle a la UTE Edam Janubio, guardan cola Unelco y Aguas Filtradas. La deuda, dicen, podría estar en unos 30 millones de euros. Es más: en el caso de la empresa a la que se le frustró la construcción de una desaladora en el sur ya han comenzado a solicitar embargos, como todo el mundo conoce. A Aguas Filtradas se le amplió el contrato en una de las míticas huidas hacia adelante tan propias de la política insular mientras Unelco ya tendría que haberles cortado la luz.

La Ley Concursal, además de proponer acuerdos entre los acreedores, facilitando con una fórmula totalmente transparente la reestructuración y el reflotamiento de la empresa (si se puede, ya que en última instancia contempla la liquidación), además de eso, digo, también supone grandes responsabilidades para directivos y empresarios, en este caso políticos al tratarse de una empresa pública.

Dicho de otra manera: una vez que el Juez designado como administrador, termine de poner en fila a los acreedores, negocie la deuda y los plazos y maneras de pagarla, enfocará su objetivo hacia quien ha llevado a la empresa hasta este disparate. La Ley contempla que la mala gestión repercuta en el patrimonio personal de los administradores. Y si la han hecho muy gorda, la cosa se complicaría mucho. Es más, por la condición de empresa pública, la vía penal está abierta a los responsables de la mala gestión.

Y ahí, quizá, está el quid de la cuestión del por qué provoca tanto nerviosismo que se hable de la Ley Concursal. Porque no es lo mismo escapar de rositas como hasta la fecha han escapado la mayoría de los que han dilapidado dinero público, que tener como Jefe al Juez que te ha de mandar al trullo después de embargarte hasta las orejas para responder como mal administrador.

 

 

 

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