Mario Alberto Perdomo
[Miércoles, 15 de abril de 2009]
Las apuestas están 20 a 1, más o menos. Uno a favor de que prospera y veinte a favor de que no prospera la Proposición de Ley, presentada por el PSC-PSOE en el Parlamento de Canarias, para modificar el sistema electoral canario. La propuesta es muy sencilla. Plantea eliminar las artificiosas trabas actuales de acceso al Parlamento introduciendo un único factor: el 5% de los votos emitidos en cada isla.
Si saliera adelante esta iniciativa, cualquier partido político que obtenga un mínimo del 5% de los votos entraría en el reparto de los escaños asignados a cada isla, quedando inalterado tanto el número de parlamentarios (60) como su distribución. Dicho de otro modo, se mantendría el delicado equilibrio de la triple paridad, que consiste en otorgar 30 diputados a la provincia de allá y otros 30 a la de acá (primera paridad). A su vez, estos se repartirían entre las islas más pobladas (dos) y las menos pobladas (cinco). Es decir, de una parte, 15 para Gran Canaria y otros tantos para Tenerife (segunda paridad), y, de otra, 15 para las tres islas menos habitadas occidentales y otros 15 para las dos islas menos habitadas orientales (tercera paridad).
Lo único novedoso de esta iniciativa legislativa es que propone eliminar las insuperables barreras hoy existentes para conseguir escaños en la Cámara. El primer obstáculo es que, en una isla, un partido político ha de ser bien el más votado o bien ha de superar el 30% de los votos para entrar en el reparto de escaños. El segundo es que una fuerza política ha de rebasar el 6% de los votos emitidos en todo el Archipiélago para, asimismo, entrar en el reparto de escaños.
Esta situación cierra las puertas del Parlamento a pequeñas formaciones políticas, empobreciendo la representatividad de la democracia en la Comunidad Autónoma, a la vez que excluye a importantes segmentos de la población del juego democrático. Y, lo que es más grave, imposibilita en la práctica la obtención de mayorías absolutas, con lo que las elecciones autonómicas son predecibles. Como previsibles son los gobiernos resultantes. En definitiva, las elecciones autonómicas no sirven para nada porque los electores no pueden cambiar los equilibrios políticos existentes, y que fueron introducidos para que CC sea la llave de cualquier gobierno.
En el mejor de los casos, todo quedaría reducido a un módico 5% de los votos emitidos, como ya ocurre para conseguir un acta de consejero de Cabildo o de concejal de Ayuntamiento. Lo mismo para el Parlamento. Hay una condición para que esto sea posible, y es que la propuesta del PSC-PSOE ha de ser respaldada por dos tercios de los diputados canarios. Serían cuarenta. Es decir, CC o el PP tendrían que apoyarla, con lo que volvemos de nuevo al principio. A las apuestas, que están 20 a 1 a que todo se quedará como está. Coalición ya lo ha dicho bien clarito: no toca reforma electoral, aunque toca reforma del Estatuto de Autonomía, una reforma ésta última que, por otro lado, se aprueba en las Cortes.
En conclusión, sin el PSC-PSOE no hay reforma del Estatuto de Autonomía, pero sin CC no hay reforma del sistema electoral. Sin ambos, ni una cosa ni la otra. Por su parte, el PP se limita a esperar acontecimientos, sabedor de que con cualquier cambio de viento puede hacerse pie. Y cartas tiene para mantenerse firme en el pie, llegado el caso.
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