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Fernández Camero

 

 

Carlota Gutiérrez

[Martes, 7 de abril de 2009]

 

 

 

 

 

Han transcurrido seis años. En enero de 2003 y con su salida número 11, Cuadernos del Sureste armó una carpeta dedicada a la corrupción (http://www.linea-e.com/cuadernos/pdfs/numero11.htm). Pasó bastante inadvertido un valioso trabajo colectivo denominado ‘El flujo de la corrupción', y, en cambio, brilló en exceso el artículo titulado ‘El secretario: el quinto poder'. El destello vino ocasionado por la referencia expresa que se hacía al entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, quien más adelante fue sancionado y apartado de su cargo por el Ministerio de Administraciones Públicas. Por incompatible. Entre medias, se produjo el secuestro de la revista por orden judicial, un episodio extraño y extraordinario en la reciente democracia española, nunca bien ponderado.

Seis años después, han cambiado algunas cosas en la isla en la lucha contra la corrupción. Pocas, pero notorias. Se interpusieron demandas contra flagrantes incumplimientos de la normativa territorial y urbanística, y todas las sentencias han sido favorables. Algunos ex alcaldes de la vieja guardia están en entredicho por los tribunales de justicia. Y, por último, se ha abierto la vía penal para exigir responsabilidades personales, a quien las tuviera y si es que las hay, en el entramado urbanístico reciente. ¿Cúmulo de causalidades o trama organizada para delinquir? Este es el interrogante que falta por resolver.

La Administración de Justicia está realizando su trabajo, lento pero seguro, y, hasta que culmine, ha de otorgarse la presunción de inocencia a las personas imputadas, entre ellas al abogado Felipe Fernández Camero. Un imputado no es culpable de nada; tan sólo es la persona contra la que se dirige un proceso penal. De momento, la causa se encuentra en fase de investigación. Ya se verá...

En España apenas si se ejecutan las sentencias relacionadas con el urbanismo. Pensemos en el Apartotel Los Fariones o en el Plan Parcial Las Coloradas, previa segregación de una finca de 300.000 metros cuadrados del patrimonio municipal. Sobre aquella tesis descansa el devenir de buena parte del reciente crecimiento turístico y residencial, en zonas turísticas, en Lanzarote. Sobre la creencia de la impunidad, vaya. Es decir, lo acontecido en la isla tiene la apariencia de que no se paga por cometer actos supuestamente ilícitos. Porque la justicia no funciona o, al menos, funciona mal cuando se trata de ejecutar las sentencias. Nunca pasa nada, ni en el terreno administrativo ni, mucho menos, en el penal. Sin embargo, algo se mueve bajo la ficticia y secular calma chicha insular.

El abogado Felipe Fernández Camero ha sido citado a declarar el próximo día 24 de abril, a partir de las 09.00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife. Lo hará en calidad de imputado por un presunto “delito de tráfico de influencias en concurso de normas”, con otros de “prevaricación urbanística y cohecho”, en el proceso judicial que investiga la supuesta trama de licencias ilegales concedidas por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. Suman unas 8.000 plazas alojativas.

Fernández Camero ha recurrido su imputación. Está en su derecho. Pero si acaba declarando, es muy posible que se acaben sabiendo los motivos de su proverbial don de la ubicuidad: defendiendo la falsa tesis de la sacrosanta autonomía municipal, defendiendo recursos municipales contra el PIOT, defendiendo recursos de promotores privados contra el PIOT, defendiendo la legalidad de establecimientos declarados ilegales por sentencias judiciales firmes, defendiendo él a una parte y su bufete a la otra, defendiendo a imputados por la vía penal... Puede ser muy clarificador, porque el hombre ha estado en casi todas, incluyendo Arrecife.

 

 

 

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