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Doble moral

 

 

Mario Alberto Perdomo

[Lunes, 30 de marzo de 2009]

 

 

 

 

 

Juan Francisco Rosa, Antonio Curbelo, Marco López, Alfredo Díaz y Federico Díaz de Aguilar han firmado, y hecho pública, una clarificadora nota en la que expresan su posición sobre la legalidad urbanística y territorial de Lanzarote. Todos ellos tienen intereses en el Plan Parcial Playa Blanca (Yaiza) y algunos de ellos son los denunciantes de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Centro Cultural El Almacén, el Teatro Insular y la Fundación César Manrique. También han anunciado la interposición de 300 demandas contra licencias residenciales en zona turística, al considerar que lo que les ha pasado a ellos es extensible a estos casos.

El Plan Parcial Playa Blanca ha sido anulado por los tribunales de justicia tras una demanda interpuesta por el Cabildo Insular en defensa de la legalidad. Los firmantes vienen a decir, en síntesis, que el Cabildo viene actuando arbitrariamente y midiendo con doble rasero desde hace un lustro. La cosa es que este Plan Parcial no podía desarrollarse porque había quedado extinguido por la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes . Y eso es lo que ha dicho la justicia.

Parece que el debate de la legalidad va mejorando. Todo buen debate requiere que los espectadores conozcan a los actores implicados y sepan cuáles son sus intereses. En la medida en que se logra visualizar a las partes y se escuchan sus argumentos, la población puede hacerse una idea cabal de la naturaleza del conflicto y de qué va cada cual. De ahí que haya que leer en positivo el paso dado por los cinco empresarios antes citados.

En aras a la claridad, debe anotarse al margen que el requerimiento de anulación del proyecto de urbanización que el Cabildo formuló al Ayuntamiento de Yaiza en 2004, no sólo fue notificado expresamente a la Junta de Compensación del Plan Parcial por el propio Ayuntamiento, sino que, a los pocos días, los promotores del Plan presentaron ante dicha Corporación un escrito mostrando su oposición a que se paralizase el proyecto de urbanización. Se basaron en un informe realizado por Ignacio Díaz de Aguilar, en el que dicho letrado rechazaba los argumentos del Cabildo sobre la invalidez del Plan Parcial y concluía que el Ayuntamiento había actuado correctamente al aprobar la urbanización de dicho plan. Y resultó ser que no.

 

 

 

 

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