Los representantes políticos en el Ayuntamiento de Arrecife
Manuel Perdomo
[Lunes,6 de octubre de 2008]
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, ha optado por llevar al pleno un informe de su Oficina Técnica contra la incoación del Charco de San Gines como bien de interés cultural (BIC).
En uso de su autonomía, podrán llevar al pleno cuantos temas deseen, y en el ejercicio de la representatividad de la población, y el compromiso con los votantes y afiliados, así como por el interés general, les corresponde a todos los grupos políticos con presencia municipal, recibir una información veraz, y emitir los juicios que estimen oportuno.
El contenido del informe de la Oficina Técnica resulta más que cuestionable, ya sea por la incorrecta interpretación que se hace de los procedimientos administrativos, como por la evaluación realizada sobre el expediente de incoación, el cual no goza del más mínimo sustento profesional. Mucho menos, la interpretación sobre el procedimiento de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias para las incoaciones de BIC.
Corresponde a los representantes políticos en aquel pleno, someter a contraste los términos del informe, acudiendo a juicios independientes antes de enredarse en apreciaciones personales vertidas como verdades absolutas, y ello en aras de la objetividad y el rigor.
La ligereza con que se han manifestado, así como la falta de ecuanimidad, creyendo sin reservas lo contenido en el informe, y negando cualquier margen de duda razonable al Cabildo, evidencia varios males, uno, es el sesgo interesado, otro, la torpeza. Algunos más están relacionados con capacidades que no merece repasar aquí.
Considérese que el Charco anda protegido en el PIOT desde 1991, que hacer efectiva esta protección, conciliándola con el debido desarrollo de la zona, ha resultado tarea imposible por la falta de mecanismos. Piénsese que resultan más que cuestionables, desde el punto de vista de la preservación, el modelo que se ha ido imponiendo en el Charco con unas alturas desmedidas, y eso con una protección aprobada. La respuesta del BIC parece la adecuada. Esa, o la desprotección total.
La información, interesada, suministrada por el Equipo de Gobierno, así como el tono de las declaraciones vertidas a los medios, o el generar alarma en la población obedece a un proceso bastante parecido a una marea negra proveniente del reventón de una alcantarilla, y en ese proceso, compartiendo sesgo y alcantarilla, también participan algunos programas de medios de comunicación insulares.
El problema no radica en que alguien inicie una campaña de desprestigio contra quienes ejerzan la competencia en materia de patrimonio, sino que aquellos que representan los intereses de la ciudadanía, en un caso, y quienes se deban a una información veraz, en otros, cedan a ella, y sin ese mínimo contraste exigido, desaten la verborrea de la que han hecho gala, a mi juicio con inigualable torpeza, don Luis Morales, de CC, don Pedro de Armas, del PNL, los Sres. Reguera y Lemaur del PP, y don Ginés Quintana, de Alternativa Ciudadana. ¿Los han engañado o se han dejado engañar?
Se ha impuesto el estilo de los cronistas de la prensa rosa en la sociedad, y cada cual sienta cátedra sobre lo que estima que debe hacerlo. Claro, ni la política, como parte de la sociedad que representa, es capaz de renunciar a tamañas veleidades, por mucho fondo que se toque.
Del nivel de conciencia sobre este asunto por parte de los representantes municipales del PIL y el PSOE, querría pensar que en la ira desatada del Sr. Pérez Parrilla, éste no ha sido capaz de percatarse, ya con algunas obras que se acometen por parte del Ayuntamiento, como en este proceso del BIC, que el segundo gol también se lo han metido los jugadores de su mismo equipo, y los árbitros pitando un fuera de juego que ni han visto. Más claro, el agua.
Opinión
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Contra la crisis
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