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El vídeo

 

Mario Alberto Perdomo

[Viernes, 18 de abril de 2008]

 

 

 

 

 

 

Ya no me acordaba del vídeo. Y menos mal, porque gracias a la capacidad que tenemos para olvidar la vida se hace más llevadera. Recordando, la cosa fue así. En 2004, la Fundación César Manrique (FCM) desarrolló una original campaña, en clave de humor, para llamar la atención sobre el proyecto de ensanche de la carretera de La Geria , que con el paso del tiempo se convertiría en lo que hoy es: una vía rápida en lugar de conservar su vocación natural como vía escénica que recorre lo mejor del paisaje insular. No se discutía que la carretera requería mejoras, sino que debía mantener su naturaleza original. El Cabildo de entonces replicó con un desafortunado vídeo que fue difundido en las televisiones locales y que, en esencia, ponía a caer de un burro a la FCM y al propio Manrique.

El asunto llegó a los tribunales justicia, pero no con la intención de proteger honor alguno, sino para plantear una cuestión realmente novedosa: ¿Es legal que una institución pública ordene la inserción de publicidad para poner a parir a sus administrados? En primera y segunda instancia, la justicia evitó entrar en el fondo del asunto, hasta que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional enmendándoles la plana y ordenándoles que se juzgue. Así que habrá juicio, en el que se dirimirá si es legal o no, si es conforme a Derecho o no, que una administración pública reaccione ante las opiniones críticas de ciudadanos, grupos u organizaciones civiles mediante campañas publicitarias institucionales.

Puestos a no recordar, ni me acuerdo ya de los actores políticos a los que se les fue la olla al autorizar la emisión del vídeo, aunque, llegado el caso, las hemerotecas digitales tienen más memoria que un elefante. Será en su momento. Lo importante ahora es que se someterá a juicio una conducta ética y moralmente reprobable. Si se le diera la razón al demandante, se sentaría un precedente que pondría límites a ciertas iniciativas de los gobernantes, desterrando la tentación de utilizar recursos públicos y plataformas públicas para dar rienda suelta a ciertos arrebatos. Ahora me quedo con una duda, si una sentencia declarase que aquella acción fue ilegal, ¿cabría pedir responsabilidades personales a los cargos públicos implicados? Voy a preguntar, aunque espero que sí.

 

 

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