Portada

Lanzarote

Opinión

Canarias

Economía

Sociedad

Cultura

Deportes

Documentos

Hemeroteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fariones Playa y la “ceremonia de la confusión”

 

Javier Sánchez

[Jueves, 3 de abril de 2008]

 

 

 

 

En estos días, con motivo del debate sobre la ejecución de las sentencias que han declarado ilegales las licencias concedidas para la construcción de numerosos hoteles y complejos turísticos en Yaiza y Teguise, ha vuelto a salir a la palestra el ilustre letrado don Felipe Fernández Camero, en un incesante carrusel por los medios de comunicación afines a los empresarios más directamente afectados, pontificando e impartiendo doctrina sobre la imposibilidad de llevar a cabo dicha ejecución.

Sostiene Camero que, en amor y compaña con su hija, ha llevado la dirección legal de tantos pleitos perdidos, que las irregularidades apreciadas por los Tribunales son simples “errores” formales fácilmente subsanables, sin más trámite que obtener los informes preceptivos omitidos y volver a otorgar las licencias “bien dadas” (o sea, que estaban “mal dadas”), y que se está orquestando en torno a este asunto una “ceremonia de la confusión”.

Se trata, además de una suicida fuga hacia adelante, de un monumental ejercicio de cinismo y desfachatez, porque el apelativo de la “ceremonia de la confusión” se lo espetó la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisamente al señor Fernández Camero, que entonces defendía al Ayuntamiento de Tías en uno de los pleitos sobre el apartotel Los Fariones, el buque insignia del grupo empresarial presidido por Juan Francisco Rosa, mientras otro letrado afín defendía los intereses de Playa Blanca S.A., copiando literalmente los escritos de don Felipe.

Durante muchos años, don Felipe ha dado el pego en algunos juzgados y tribunales, pero se le ha ido acabando el crédito, sobre todo a partir de su desafío a Carlota Gutiérrez y Cuadernos del Sureste, y de la estocada final de Pepe Díaz.

Puede haber letrados que crean tener facultades mágicas, porque a veces hay jueces o fiscales amigos, incluso demasiado amigos, que son más comprensivos o más receptivos a sus tesis. Pero ya saben, se puede mantener engañados a algunos todo el tiempo, y a todos durante algún tiempo, pero no se puede mantener engañados a todos todo el tiempo.

En el Fariones Playa, la jugada le salió bien, por algunas truculentas razones sobre las que no nos atrevemos a elucubrar, pero que saltan a la vista para cualquier lector medianamente avisado que lea el resumen cronológico y documental adjunto. Pueden comprobar cómo a partir del momento en que los Tribunales declararon que no había lugar a declarar la “imposibilidad legal y material de ejecutar la sentencia”, además de formular recurso ante el Tribunal Supremo, el señor Rosa y el Ayuntamiento de Tías, asistidos del señor Fernández Camero, se movilizan y activan todos los mecanismos de presión política y social para impedir la demolición del apartotel Fariones Playa.

Entonces, todas las instituciones públicas canarias (Ayuntamiento de Tías, Cabildo Insular de Lanzarote y Gobierno de Canarias) sucumbieron a tales presiones y se plegaron a los intereses del promotor, mientras la Dirección General de Costas miraba para otro lado.

Seguidamente, el Tribunal Supremo suspende en el último momento, sin motivo aparente alguno, el señalamiento para votación y fallo del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tías y por Playa Blanca S.A., con todas las papeletas en contra de sus pretensiones, y encarga al Colegio de Arquitectos de Canarias la elaboración de un dictamen sobre la posibilidad de volver a edificar un edificio de idénticas características, al amparo de la normativa urbanística de las Normas Subsidiarias de Tías, una vez se hubiera ejecutado la sentencia y demolido el apartotel.

A pesar de que el Colegio de Arquitectos dijo en su dictamen que el problema radicaba en que la citada normativa urbanística había sido configurada con la finalidad de legalizar el apartotel, ajustándose “como un guante a la mano” a las pretensiones del promotor de evitar la demolición, el Tribunal Supremo acabó aceptando que la sentencia se ejecutara mediante el abono de una indemnización económica a una comunidad de propietarios de un complejo turístico que había sido perjudicado en sus vistas al mar por la construcción del apartotel.

Pero dicha indemnización no sirve de cobertura a los daños producidos por la ejecución del apartotel a los intereses públicos, ni satisface las exigencias de restablecimiento de la legalidad urbanística, sino que por el contrario admite pacíficamente que un promotor imponga por la vía de los hechos una modificación de planeamiento y manipule la normativa urbanística en su propio beneficio, logrando que el Ayuntamiento de Tías y el Gobierno de Canarias acepten que una ordenanza se redacte con la descarada finalidad de legalizar una construcción ilegal, solución que resulta ser radicalmente contradictoria con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, por consistir en un evidente fraude de ley, que precisamente se resuelve en derecho aplicando la norma que se ha tratado de eludir con la actuación fraudulenta.

De una u otra forma, el conjunto de la sociedad lanzaroteña y todas las instituciones públicas se retrataron en aquel empeño, y de aquellos polvos, vienen estos lodos. Y en ese lodazal inmundo vuelven a revolcarse y refocilarse el señor Rosa y el señor Fernández Camero, con el insoportable cinismo de acusar a los demás de orquestar la “ceremonia de la confusión”.

En estos días atribulados, vemos que en los medios de comunicación se dice que antes de acometer la demolición de los hoteles y complejos turísticos ilegales, hay que empezar por derribar el apartotel Fariones Playa. Tienen razón, y creemos que se puede defender ante el Tribunal la ejecución de la sentencia o que, al menos, se debe intentar por quienes tengan la legitimación para hacerlo.

El problema radica en que, en principio, y salvo mejor criterio, únicamente estarían legitimados para pedir la ejecución de la sentencia quienes hayan sido parte en el proceso. En ese procedimiento intervinieron dos particulares (una comunidad de propietarios y una persona física) y El Guincho, que siempre tuvo entre sus objetivos irrenunciables la demolición del apartotel Fariones. Lo que no sabemos es si la actual Junta Directiva de El Guincho estará por la labor y dispone de los medios adecuados para ello.

Recuperando el hilo del discurso, parece evidente que quien incurre en una clamorosa “ceremonia de la confusión” es el señor Fernández Camero, que cree posible articular para los hoteles ilegales, con los que tanto tiene que ver, la misma solución chapucera empleada en el sangrante caso del apartotel Fariones. Su fuga hacia delante es comprensible, porque tiene una enorme responsabilidad en todo lo que ha ocurrido con las licencias otorgadas para la construcción de los complejos turísticos ilegales. Quizá no alcanza a entender que algunos de sus clientes pudieran estarse planteando si no será precisamente él quien les ha metido en semejante berenjenal.

Por eso conviene realizar un aviso a navegantes: si entre el empresariado queda alguien con vida inteligente, que creo de veras que sí, harían bien en empezar a desmarcarse rápidamente de terrenos resbaladizos, como aquellos por los que habitualmente transitan el señor Rosa o don Felipe y sus adláteres. Existe una preocupante coincidencia entre los dirigentes empresariales más significados y los propietarios o gestores de la mayoría de estos complejos. Y esto no es nada sano, pero sobre todo no es conveniente para el bolsillo. De ahí que los directivos y gestores de algunas cadenas hoteleras de prestigio internacional, debieran empezar a plantearse si conviene a su bien ganada fama, seguir permitiendo que sus intereses sigan siendo amenazados por los delirios jurídicos del señor Fernández Camero y su “ceremonia de la confusión”. Y queda poco tiempo, señores, que va a empezar el baile.

 

 

DOCUMENTO | Los Fariones: un resumen cronológico y documental

 

[Condiciones de uso | | ]