HÁBITAT MUNDI

Movilicémonos todos el 6 de marzo

Periferia

[Lunes, 3 de marzo de 2008]

EDITORIAL

El 9 de septiembre de 1977, Unidades del F-2 detuvieron en la ciudad de Barranquilla a la bacterióloga de la Universidad de Antioquia y militante del ELN, Omaira Montoya Henao, junto con su compañero Mauricio Trujillo. Ya lejos de la ciudad, a Mauricio lo bajaron de la camioneta y entre los arbustos y el rastrojo lo torturaron pretendiendo que confesara su participación en un secuestro. Finalmente fue conducido a las oficinas del F-2, procesado en juicio y condenado a 8 años de cárcel. De Omaira Montoya, en cambio, nunca se volvió a saber nada. Este fue el primer caso de desaparición forzada e inauguró una época macabra en la historia colombiana, que aún no concluye. En poco tiempo se convirtió en una de las prácticas más recurridas e intensivas con que el estado ha combatido la oposición política tanto de la insurgencia como de las organizaciones populares.

En realidad, la desaparición forzada no fue una práctica descubierta por el estado Colombiano. Ella tiene su origen en el famoso decreto nazi de Noche y Niebla establecido en 1941, en donde se ordenaba que las personas detenidas por atentar contra la seguridad de Alemania fueran trasladadas a ese país y desaparecidas al amparo de la noche y la niebla. La práctica fue reeditada con mayor crueldad todavía por los gobiernos latinoamericanos, especialmente en la época de las dictaduras. Y en Colombia, aunque la desaparición forzada no se instauró al calor de la dictadura militar, asumió forma como estrategia vertebral de la política de seguridad nacional, que durante el gobierno de Turbay Ayala pretendía combatir el famoso enemigo interno, es decir, la oposición política. La desaparición del contradictor fue la principal estrategia de esta política. Desde finales de 1977, cuando se inauguró la desaparición con el caso de Omaira Montoya, hasta 1982, se registraron más de 1500 casos de desaparición, entre los que se privilegiaban a los estudiantes, sindicalistas y campesinos.

Desde mediados de la década de los 80, bajo la figura de la democracia colombiana, en la cual la fuerza pública debía dar la apariencia de una institución pulcra, la clase política, apoyada en el narcotráfico, construyó una estructura paramilitar que se encargara del trabajo sucio de eliminar al opositor. Aparte de la desaparición, que hoy alcanza una cifra superior a las 15 mil víctimas, el paramilitarismo recurrió también a la amenaza constante, a las masacres y asesinatos selectivos y al desplazamiento forzado como política sostenida que ha desterrado a más de cuatro millones de colombianos.

En realidad, el paramilitarismo al servicio de un proyecto estatal de ultraderecha nos enseñó todas las formas del horror y la barbarie humana: con escuelas de entrenamiento y formación en donde la prueba final era comer carne de la víctima, o con el descuartizamiento público de las personas asesinadas, o con las decapitaciones en las plazas de los pueblos en donde procedían a jugar fútbol con la cabeza de la víctima a la luz de cientos de ojos que observaban aterrorizados por ventanas y rendijas. Ante el silencio de los medios de comunicación, apenas hoy empezamos a intuir la dimensión de la barbarie paramilitar con las verdades a medias que se han conocido tras el supuesto proceso de desmovilización y han dejado al descubierto la existencia de miles de fosas comunes en donde los paramilitares amontonaron a miles de víctimas. Este es el testimonio de una verdadera carnicería sistemática sostenida durante varias décadas por el estado a través de sus fuerzas legales y oscuras.

Y sin embargo, estas evidencias nunca sensibilizaron a los medios masivos de comunicación. A pesar de que cada vez se hacía más evidente la vinculación con el paramilitarismo de políticos de primera plana, de funcionarios públicos en una línea que alcanzaba hasta al propio presidente de la república, los medios en ningún momento vieron la necesidad de promover una movilización multitudinaria en contra de este tipo de barbarie y de sus protagonistas. Ni siquiera han presionado a los organismos del estado por la realización de las investigaciones que esclarezcan los hechos.

La misma marcha multitudinaria del pasado 4 de febrero, promovida por estos medios con gran estruendo durante un mes, obedeció a una estrategia manipuladora para afianzar la política de seguridad democrática, en momentos en que la confianza de la gente en esta empezaba a agrietarse. Y no es que pretendamos negar la infamia y el horror que encierra el delito del secuestro. Pero lo que se hizo evidente aquí fue la posición de clase que ha caracterizado desde siempre a los medios privados de comunicación, posición que en los momentos de confrontación política aguda los tornan vergonzantes en su postración ante el poder y viscerales en su ataque a los sectores de oposición real. La marcha no fue nunca, por lo menos en los términos en que la promovió el gobierno y los medios masivos, una movilización a favor de los secuestrados ni para acompañar a los familiares en su dolor y en su reclamo. Pretendió más bien exacerbar el odio irracional contra las FARC y legitimar cualquier estrategia política, militar o económica que, so pretexto de combatirla, asuma en adelante el gobierno de Uribe. Fue una marcha de legitimación de este gobierno y su propuesta autoritaria y se enmarca más bien en una arremetida ideológica para deslegitimar toda forma de oposición política y unificar posiciones en torno al proyecto de ultraderecha. De hecho, dos días después de la marcha, ya estaban dejando rodar en los mismos medios que la promovieron, y de una manera cínica, la propuesta de una segunda reelección del presidente Uribe Vélez. Esto justo cuando todos los caminos abiertos por las investigaciones de la parapolítica conducen a Uribe.

Por eso no podemos esperar ilusamente que los medios privados, y en general los medios masivos, desplieguen toda su maquinaria y su capacidad para lograr que la movilización programada en homenaje a las millones de personas víctimas de crímenes de Estado sea también gigantesca. Esa es una tarea que debe enfrentar el movimiento popular, incluso enfrentando la mala propaganda que desde ya empiezan a desarrollar estos mismos medios y el gobierno. De hecho, las cámaras y los micrófonos se han aprestado ya a recoger y multiplicar la voz del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, quien con su cinismo acostumbrado y su tono provocador se empeña en afirmar que esta movilización es promovida por las FARC.

Los movimientos populares tendremos esta vez que desplegar todo nuestro ingenio para lograr una movilización multitudinaria el 6 de marzo. Y no necesariamente como respuesta a la marcha en contra del secuestro. Desde luego es un acto político, pero es también sobre todo un acto de dignidad humana y solidaridad. Es una señal de que la sociedad colombiana, a pesar de toda la manipulación mediática, no se olvida del dolor de los familiares de los desaparecidos, del drama de los desterrados, de la memoria de quienes han sido asesinados por el Estado por el solo delito de soñarse una sociedad mejor. El 6 de marzo tendrá que multiplicarse al unísono el grito de una sociedad que al fin ha llegado al límite de lo tolerable, dispuesta a romper su pasividad frente a una clase política y un estado tan sanguinario como el nuestro.

[ Publicado en Periferia el viernes, 15 de febrero de 2008 ]

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