
Mario Alberto Perdomo
[Lunes, 25 de febrero de 2008]
Está resultando ejemplarizante la cascada de sentencias judiciales, firmes, relativas a la concesión de licencias urbanísticas con fines turísticos otorgadas ilegalmente entre 1998 y 2003, año arriba año abajo. No deja de ser noticia el continuo pronunciamiento de los tribunales de justicia anulando, una tras otra, las más de 30 licencias que vulneran tanto el Plan Insular de Ordenación del Territorio de 1991 como su primera Revisión Parcial o moratoria turística insular, en vigor desde el año 2000. Más de 13.000 plazas turísticas ilegales están en entredicho, significando una aplastante victoria moral, ética y real para quienes venimos apostando por la contención del crecimiento turístico, la cualificación de su desarrollo y la reorientación del modelo hacia cauces sostenibles. Los tribunales de justicia están destrozando los dos grandes argumentos utilizados por el núcleo duro de la asesoría jurídica de los malos malísimos.
El primero ha sido que, en virtud del supuesto principio de autonomía municipal, a la hora de conceder una licencia urbanística con fines turísticos los ayuntamientos no tienen por qué solicitar informe previo y vinculante al Cabildo de Lanzarote, como establece la Ley de Planes Insulares. De haberse solicitado tales informes en tiempo y forma, esas 13.000 y pico plazas jamás se hubieran construido, la oferta alojativa sería un 20% inferior y la ocupación turística un 20% superior. Es decir, no estaríamos agobiados con la promoción exterior para fortalecer la afluencia y, seguramente, Lanzarote sería un destino más competitivo y no tendría que estar tirando los precios.
El segundo argumento deviene de un supuesto teórico que no se sostiene así lo sujeten entre cuatro. Es la teoría de la vigencia eterna de las licencias urbanísticas concedidas, por ejemplo, a finales de los años setenta y primeros ochenta del siglo pasado, antes del inicio del proceso de reordenación territorial y urbanística contemporáneo. Así y en lugar de proceder a su caducidad, se concedieron prórrogas a licencias viejas que vulneran el nuevo ordenamiento, lo cual conduce a situaciones absurdas que, de tener fundamento jurídico, reducen a papel mojado los avances legislativos. Eso, inútiles teorías conspiratorias para saltarse las normas.
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