La empresa Yudaya se hizo cargo de 101.340 euros de honorarios profesionales, en virtud del convenio firmado con el Cabildo de Lanzarote, por el procedimiento judicial de impugnación de la licencia de un hotel en Playa Blanca, por una pieza de medidas cautelares y por el recurso en segunda instancia.

El convenio se suscribió en 2006, con Carlos Espino (PSOE) de consejero de Política Territorial e Inés Rojas (CC) en la presidencia del Cabildo, y en el mismo se acordaba la retirada de los pleitos abiertos a cambio de la renuncia de la empresa del grupo Hermanos Domínguez a la licencia concedida en el año 2000 por el Ayuntamiento. También aceptó demorar la construcción del hotel, que todavía no se ha ejecutado, y una reducción en el número de plazas, a cambio de incorporar uso comercial en la parcela.

En el convenio se estipulaba que la empresa correría con los gastos en honorarios profesionales derivados de los procedimientos judiciales. En noviembre pasado, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, llevó a pleno el acuerdo para que se elaborase un informe sobre la seguridad jurídica del convenio de Yudaya, que se renovó en 2014 y se incorporó al Plan General de Yaiza con el visto bueno de la Corporación insular. También se planteó solicitar a la empresa información sobre los honorarios profesionales que abonó de acuerdo con el convenio.

Este jueves, el Cabildo emitió un comunicado en el que señala que “ha tenido conocimiento” de que “los pagos realizados al letrado Agustín Domingo Acosta”, que representaba al Cabildo, “ascendieron a 101.340 euros”. Las fuentes consultadas apuntan que en ese montante económico se incluirían otros gastos de los procedimientos, como procuradores.

El letrado, que llevó la dirección legal de la treintena de procedimientos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote que consiguieron la anulación de licencias para hoteles en Playa Blanca y Costa Teguise que vulneraban el Plan Insular en vigor cuando se otorgaron los permisos, había percibido con anterioridad unos 16.900 euros del Cabildo.

En su comunicado, la Corporación insular afirma que “el referido letrado cobró a la mercantil unos honorarios seis veces superiores” a los “facturados al Cabildo por dichos conceptos”. En noviembre, el Cabildo trasladó que esa cuantía se correspondía a “provisiones de fondos” y no a los honorarios definitivos, así como que esa cantidad fue devuelta a la institución.

San Ginés anunció que trasladará la información de que dispone a los servicios jurídicos del Cabildo “para que informen de si ha habido una posible desviación de pagos” y adelantó que  “se dará cuenta al pleno de este asunto en la próxima sesión ordinaria de la Corporación”.

Además, señala que dispone de informes que concluyen que si bien es posible la fijación de los honorarios, “a priori”, de acuerdo a como se estipularon en el convenio con Yudaya, en el sentido de que la empresa corriese con los mismos, éstos “se debieron ajustar a los honorarios presupuestados a la entidad insular y a las costas que, en su caso, se hubiese impuesto por los tribunales".

Retirada de pleitos con y sin convenio

El Cabildo recalcó este jueves que el convenio de Yudaya de 2006, “en origen no fue elevado a la consideración del pleno” y en el comunicado señala que fue “por si ello pudiera generar algún tipo de inseguridad jurídica”.

También señaló que la primera institución insular retiró un contencioso sobre licencia de obras “únicamente a esta promotora” de entre las cerca de una treintena de licencias urbanísticas concedidas por los ayuntamientos de Teguise y Yaiza “en defensa de la moratoria”.

No obstante, antes del acuerdo con Yudaya se retiraron sin convenio pleitos a dos hoteles, en la urbanización de Puerto Calero y en Cortijo Viejo, en la etapa en la presidencia accidental del Cabildo del nacionalista Mario Pérez.