La juez del caso Unión, Silvia Muñoz, considera que hay pruebas más que suficientes para concluir que el contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Arrecife a la empresa Urbaser en el año 2002 fue ilegal y, además, que hay indicios para que se sienten en el banquillo de los acusados cinco profesionales vinculados a la compañía. Sin embargo, Urbaser acaba de reclamar al Ayuntamiento capitalino casi 1,4 millones de euros en el Juzgado con cargo al contrato que la instructora de Unión tacha de “fraudulento”.

La empresa Tecmed, denominación anterior de Urbaser, renovó el contrato para la recogida de basura, la limpieza de las calles y el cuidado de los parques y jardines de Arrecife en 2002, según la investigación del caso Unión, alterando el concurso público al conocer las ofertas del resto de empresas.

Con el estallido de Unión en 2009 y de la operación Jable en 2010, la Justicia puso la lupa sobre el contrato de Urbaser y el supuesto pago de comisiones a políticos y trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife. A pesar de todo, Urbaser siguió prestando el servicio, con el contrato ya vencido, hasta que se celebró un nuevo concurso público, que se volvió a llevar en mayo de 2014, para la recogida de basura y limpieza viaria pero no para el mantenimiento de los parques de la ciudad.

Ahora, Urbaser ha abierto una batalla legal contra el Ayuntamiento capitalino. Entre los pleitos interpuestos se encuentra un procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo contencioso número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que reclamaba 1,1 millones de euros por facturas presentadas en el Consistorio entre septiembre de 2009 y diciembre de 2014, y otros 118.500 euros por intereses, del contrato de cuidado de parques y jardines.

Además, en otro procedimiento en el mismo Juzgado reclama 157.000 euros en concepto de intereses por el retraso en el pago de facturas presentadas entre septiembre de 2009 y julio de 2014 del servicio de limpieza de las calles de la ciudad.

En ambos casos, el Ayuntamiento de Arrecife desestimó las peticiones de Urbaser en las que solicitaba los pagos, efectuadas en abril del año pasado. Las fuentes consultadas, próximas al Consistorio, consideran que es preciso aclarar antes en la vía penal, en concreto en la pieza relacionada con el contrato de Urbaser, si es procedente efectuar o no los abonos que reclama la compañía del contrato que ha sido puesto en tela de juicio.

La juez ha concluido que directivos de Urbaser consiguieron la recogida de basura, la limpieza de calles y el cuidado de jardines a cambio de pagar comisiones ilegales

La juez del caso Unión ha llegado, tras la fase de instrucción, a dos conclusiones: por un lado, que en el año 2002 se dio el ‘cambiazo’ a la oferta presentada por Urbaser al concurso para que resultara la empresa vencedora y, por otro, que se adjudicaron “de manera ilícita” al menos 8,4 millones de euros a la compañía. En un auto, la juez subraya que hubo un “concierto de voluntades delictivas” para que, “a cambio de una comisión”, resultara adjudicataria Urbaser, “aun no siendo la oferta más favorable” para las arcas municipales.

La instructora de Unión apunta a directivos de la empresa a escala nacional, como Manuel Andrés Martínez o Santiago Alonso Herreros, a Dimas Martín, como “ascendente político absoluto”; a María Isabel Déniz, en aquel momento alcaldesa de Arrecife por el PIL; a Felipe Fernández Camero, secretario del Ayuntamiento y de la Mesa de contratación; y a Juan Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica. La juez considera que hay indicios de que se abrieron las ofertas del concurso “de manera fraudulenta” para que Urbaser conociera las ofertas del resto de empresas y obtuviera “ventaja” al presentar otra propuesta económica.

Sobres con dinero

La juez de Unión apunta que hay indicios de que se entregó como pago por la adjudicación del contrato un “sobre con 25 millones de pesetas”, unos 150.000 euros, “cuya destinataria era la alcaldesa de Arrecife en ese momento”, María Isabel Déniz, y Dimas Martín. Además, señala que para “el mantenimiento del contrato”, Déniz “comenzó una serie de exigencias periódicas de objetos de lujo como relojes, joyas y bolsos, viajes, pagos en dinero y demás dádivas”, que fueron “atendidas” por el gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, en lo que la juez denomina “diario de un cohecho continuado”.