El magistrado Luis Helmut Moya Meyer ha emitido un voto particular ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de no suspender los sondeos de Repsol en Canarias.

Moya dice que “una paralización de los sondeos por un período relativamente corto, no perjudica para nada el interés nacional, por lo que este interés no justifica que se pongan en peligro valores medioambientales relevantes; solo afecta a los intereses de Repsol, que no son los intereses generales”.

El juez considera que se debía haber ordenado su suspensión. En primer lugar, duda de la doctrina de buen derecho del tribunal por el hecho de que exista una declaración de impacto ambiental positiva, porque la ponderación de intereses se decide a favor del interés estatal en llevar a cabo las prospecciones.

“Resulta difícil de defender que la autorización de una plataforma petrolera en un lugar donde un suceso accidental podría causar daños irreparables a un patrimonio natural de altísimo valor, en un territorio insular que constituye casi en su totalidad reserva de la biosfera, pueda ser dispensada por un Subsecretario de Estado, por delegación del Secretario de Estado, y se pueda evitar que sea el máximo órgano de gobierno del Estado el que asuma la responsabilidad de tomar la decisión”, dice el juez.

Destaca que debía haber sido el Consejo de ministros quien diera la autorización definitiva porque este órgano autorizó los sondeos sin considerar la declaración de impacto ambiental, que aún no se había realizado y que por tanto, esta circunstancia hace que no cumpla con “ las exigencias de la ley 42/2007 ni de la ley de impacto ambiental que exige que la autorización de los proyectos que puedan afectar al medio ambiente se haga tras ponderar adecuadamente las repercusiones que tendrá sobre éste”.

También habla de los impactos, que se valoran como poco significativos. “Sin embargo, las propuestas, -las medidas correctoras, dice- ni están claramente justificadas en la declaración, ni se explica por qué el órgano ambiental cambia el criterio que había seguido hasta entonces para la protección de los valores ambientales detectados en la zona marítima al oriente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura”.

Dice que la petrolera quiere consolidar su situación en la zona ante la inminente aprobación del LIC

Señala que dadas las circunstancias del caso, al no paralizar las prospecciones “se da la paradoja de que el tribunal, pretendiendo dar garantías a las partes de su imparcialidad y evitar el reproche de que está prejuzgando el caso, lo que hace es favorecer resueltamente la posición de una de las partes y asegurarle la satisfacción completa de su pretensión de culminar las prospecciones”.Al no cuestionar la declaración de impacto ambiental, “el juicio a partir de ahora quedará en lo esencial vacío de contenido”, dice.

Sobre la declaración de impacto ambiental señala que “no se tienen en cuenta los daños que puedan producirse por un suceso accidental en el medio ambiente a los efectos de la valoración ambiental del proyecto” y dice que se debería contrastar el régimen de corrientes contemplado en el estudio de impacto ambiental sobre el crudo derramado para poder determinar la verdadera entidad de las afecciones a los lugares de interés comunitario costeros que produciría un eventual derrame.

También echa en falta una valoración de las medidas del Plan de Control de Pozos que arrojen luz sobre su efectividad y aclare “en qué se diferencian las medidas contempladas en el plan de las empleadas durante las perforaciones ejecutadas por la plataforma Deep Blue en el Golfo de México y que resultaron completamente ineficaces para controlar el derrame de crudo que originó una catástrofe ecológica descomunal”.

El magistrado también dice que sería conveniente conocer cuáles son los recursos efectivamente disponibles por Repsol para el caso de un derrame de crudo, que en el momento de la aprobación del Plan Interior Marítimo no habían sido concretados y en la documentación aportada no se especifica que fueran comunicados antes del inicio de los sondeos.

Pide que se aclare cuáles son las medidas correctoras diferentes entre estos sondeos y los del Golfo de México

Otro de los puntos puestos sobre la mesa fue la declaración de la zona como Lugar de Interés Comunitario, y sobre ella dice que “sorprende observar que la propuesta sacada a información pública no recoja ninguna zona periférica de salvaguarda de la zona que se considera debe ser protegida. Como reconoce el propio estudio de impacto ambiental, los sondeos autorizados se encuentran precisamente en la zona llamada de amortiguación o periférica, lo que apuntaría a que en la delimitación del área protegida se han tenido en cuenta razones distintas a las de protección del medio natural”.

Y dice que hay un cambio radical de punto de vista en cuanto a la afección a los cetáceos por el ruido, respecto a la prohibición de hacer maniobras militares por ese motivo hace doce años. “Hechas estas consideraciones, y a los meros efectos de la ponderación de los intereses en juego, estimo que los valores medioambientales serán seriamente puestos en peligro durante la ejecución de los sondeos de Repsol y necesitan de amparo”.

Añade que “no puede argumentarse con un mínimo de rigor que estos valores resulten garantizados por el establecimiento de una garantía financiera de veinte millones de euros por más que ésta sea la máxima que permite establecer la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. En el caso de un derrame de crudo el coste de la limpieza de la costa que pudiera ser afectada y el valor de los daños materiales que se causaran sería inmensamente superior, sin que sobre este punto sea preciso hacer una argumentación más extensa”.

“Frente al interés de salvaguardar los valores ambientales, los demandados sitúan el interés nacional en la investigación de los recursos naturales existentes como un valor preponderante y los intereses de la compañía petrolera, que ha efectuado notables desembolsos para la campaña de sondeos que está realizando en estos momentos a toda máquina”, señala., y dice que la explotación generará beneficios a las arcas estatales pero que las afirmaciones, como hace el Subsecretario de Estado de Energía, que tendrá efecto “en la disminución de las importaciones de crudo, en tanto exista libertad del operador de venderlo de la manera que le reporte el mayor beneficio, y bien pudiera ser que decidiera hacerlo en los mercados internacionales de crudo, resultan un poco cándidas.

Señala que paralizar las prospecciones no perjudica el interés nacional, sino sólo las prisas de Repsol

“Pero por más -continúa- que exista ese interés nacional de investigación de los recursos naturales, nada sugiere que solo pueda ser satisfecho si se ejecutan con carácter inmediato los sondeos, tal y como le conviene a Repsol, que tiene mucha prisa por consolidar su situación en la zona, ante la inminente declaración de la misma como lugar de interés comunitario Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura, y por colocarse en una posición óptima para hacerse acreedor de los derechos de explotación de los yacimientos. Una paralización de los sondeos por un período relativamente corto, no perjudica para nada el interés nacional, por lo que este interés no justifica que se pongan en peligro valores medioambientales relevantes; solo afecta a los intereses de Repsol, que no son los intereses generales”.

Señala que las pérdidas económicas “que sufriría Repsol por la interrupción de los sondeos no serían sino una consecuencia de haberse querido imponer por la fuerza de los hechos”. “La celeridad con la que se planificaron los sondeos, a pesar de que era previsible que se acabarían interponiendo recursos contra la autorización de los mismos, es indicativa de que esta situación ha sido buscada deliberadamente y no puede invocarse como un interés digno de protección. Quien sabiendo que sus actos pueden producirle consecuencias negativas y sin embargo decide actuar, debe arrostrar el daño que su conducta le genere”, señala.

“Una sosegada ponderación de los intereses en juego, sin enarbolar irreflexivamente la bandera del interés nacional y sin ceder a unas prisas que solo benefician a Repsol, debió optar por proteger de manera preferente los intereses medioambientales, el valiosísimo patrimonio natural que pertenece a toda la humanidad, que es puesto en peligro porque no hay seguridad de que la decisión de autorizar los sondeos haya sido tomada con la necesaria independencia y objetividad”, finaliza.