El Juzgado de instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido citar a declarar en calidad de investigados, por otro procedimiento relacionado con la urbanización La Bufona, a dos ex directores de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), Pedro Pacheco y Pedro Gómez; a los promotores de la urbanización, Federico Echevarría y Antonio Caro, y al ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.

Este procedimiento nace en el año 2012 tras una denuncia de Eduardo Murillo, que denunció que la Apmun no había hecho cumplir el precinto de las obras de esa urbanización que dictó en el año 2000.

Murillo denunciaba que, debido a una "inactividad dolosa" de la Apmun, se habían consolidado y vendido las casas. La denuncia se amplió después por el hecho de que la Apmun dictó en 2013 catorce órdenes de demolición parcial de las casas y tampoco se han ejecutado.

La denuncia de Murillo señala, a modo de resumen, que "presumiblemente todo el cúmulo de desaciertos de la Apmun tienen un objetivo o fin predeterminado que consiste en que las obras ilegales se consoliden, haciendo inviable el ejercicio de las potestades sancionadoras y de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado, lo que impediría que se demuelan las construcciones y edificaciones ejecutadas en un suelo rústico al que la normativa ambiental, de ordenación del territorio y urbanística le otorga la máxima protección, por existir en el ámbito una unidad ambiental de gran valor natural y paisajístico; y que con el tiempo queden amparadas por el Plan General de Ordenación de Arrecife".

La investigación está relacionada con el incumplimiento de la orden de precinto sobre las casas de La Bufona en el año 2000

En enero, el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife condenó a seis meses de prisión a los promotores de la urbanización, Echevarría y Caro, por un delito contra la ordenación del territorio, pero les absolvió de los otros tres delitos de los que se les acusaba: desobediencia, falsedad y estafa.

En el fallo se decía que "ha quedado probado que los acusados realizaron la construcción de las viviendas con conocimiento de que parte de las obras se efectuaban dentro del suelo clasificado por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote como Suelo Rústico de Valor Natural Ecológico, invadiendo con ellas suelo especialmente protegido, no respetando además los límites de superficie y volúmenes edificatorios permitidos por el Ayuntamiento de Arrecife según licencia de edificación concedida por el propio Ayuntamiento" y añadía que "las obras se realizaron con total desprecio por la ordenación legal del territorio y a sabiendas que dichas obras se realizaban sin la preceptiva calificación territorial y demás títulos habilitantes".

Apoyo de Fiscalía

La sentencia la recurrieron tanto los condenados como los denunciantes. El pasado mes de mayo, la Fiscalía interesó que se desestimaran los recursos interpuestos contra esa sentencia por los dos condenados y solicita la estimación parcial del recurso interpuesto por Murillo en cuanto a apreciar el delito de desobediencia.