La ‘operación Tosca’, en la que se investiga corrupción en la adjudicación de contratos públicos, con origen en Melilla, ha llegado este martes también a Lanzarote, con la detención de una persona.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en Melilla, Málaga, Madrid y Lanzarote a un total de 15 políticos, empresarios y funcionarios presuntamente relacionados con una trama de fraude de contratos públicos, según ha concretado Vozpopuli.

El dispositivo lo realiza el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil e incluye al menos cuatro registros en busca de documentación sobre supuestas irregularidades cometidas desde 2009.

La investigación es continuación de otra iniciada en 2013 por la comandancia del Instituto Armado en la ciudad autónoma y que recibió el nombre de 'Operación Ópera'. Entonces fueron arrestados el consejero y varios altos cargos de Medio Ambiente del Gobierno local.

A los ahora detenidos se les imputa presuntos delitos contra la administración pública, y a algunos de ellos también delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.

Las investigaciones se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil durante el desarrollo de una operación relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la ciudad autónoma de Melilla (operación Opera).

Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo cargo de la investigación.

En el mes febrero del año 2014, los investigadores realizaron nuevos registros en Consejerías de la ciudad autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.

Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general.

De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.

La operación que está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Melilla y la Fiscalía de esa ciudad autónoma,  es llevada a cabo por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con otras unidades de las provincias afectadas.