Un trabajador del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se ha querellado en los Juzgados de Arrecife contra el anterior consejero de ese área, Echedey Eugenio (CC), por los presuntos delitos de estafa procesal y falsificación de documento oficial.

El Consorcio tenía dos unidades operativas: los bomberos y la unidad de agentes de emergencias, que sería la unidad de logística, coordinación y prevención. En septiembre de 2017, Eugenio eliminó por decreto esa unidad cediendo sus competencias a diferentes ONGs y a los bomberos.

En la citada unidad había cuatro plazas obtenidas mediante oposición. En el caso de este agente, pasó a ejercer funciones de auxiliar administrativo telefonista. Se le notifica esto el 27 de septiembre de aquel año por un decreto que el querellante considera nulo porque carecía de la firma y el sello del presidente del Consorcio, Echedey Eugenio.

Serían dos los requisitos indispensables, según los estatutos, para que se pudiera dictar un decreto en materia de modificación de condiciones sustanciales de trabajo. Ese decreto solo tenía la firma del secretario delegado del Consorcio, José Juan Hernández Duchemín, cuya función sería “única y exclusivamente dar fe de la firma de la autenticidad de la firma del presidente”.

El trabajador puso una demanda judicial en mayo de 2019, que se tramita en el Juzgado de lo Social número 1 de Arrecife, por esa modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, dentro de ese procedimiento, aparece otro decreto que, según la querella, podría estar falsificado, con el mismo número que el anterior pero que incluye tanto la firma y el sello del presidente como un nuevo párrafo.

El juicio por esta demanda fue en noviembre y en él comparecieron como testigos otro agente de Emergencias y el gerente del Consorcio, Enrique Espinosa. En la querella se les acusa a ambos de falso testimonio, al igual que al secretario del Consorcio, al que también se le responsabiliza de los mismos delitos que a Eugenio.

Durante ese juicio la letrada del Consorcio dijo que “el decreto sí está firmado por el presidente y que al actor no se le hizo llegar dicho decreto firmado por el presidente, sino un traslado por el que le corresponde firmar”.

Sin embargo, el decreto firmado por Eugenio y no notificado al querellante carece de registro de salida alguno, por lo que no forma parte del libro de registro de decretos, según señala la querella. “Siendo por ende ambos decretos diferentes en cuanto a la modificación de su contenido y firma del presidente del Consorcio y teniendo sin embargo el mismo numero de Decreto, 64/2017, y la misma fecha de supuesta creación”.

“Está de baja”

“Es más -añade la querella- el mismo día 20 de septiembre de 2017, que es cuando se firma el presente decreto supuestamente por el presidente del Consorcio, mi representado llama a la central del Consorcio porque tenía dos llamadas perdidas del mismo, insistiendo en cuándo podía mantener una reunión con el presidente del Consorcio”.

Según la querella, la telefonista le respondió “que el presidente del Consorcio está de baja, enfermo”, y que todavía no podía “mantener reunión alguna ni acto laboral alguno al estar de baja”. Sin embargo, añade, “aportan el acto de la vista el Decreto 64/2017 firmado por el presidente, cuando el mismo estaba de baja laboral”.

El 26 de septiembre, que es cuando le notifican al trabajador el citado decreto, firmado únicamente por el secretario del organismo, se pone en contacto con el presidente del Consorcio, vía WhatsApp, preguntándole sobre el contenido mismo, y “él afirma desconocer” su contenido, “reiterando que se tienen que reunir para ver qué funciones son las que han de corresponder” al ahora querellante.