El Ayuntamiento de Tinajo deberá resolver el expediente administrativo sobre la presunta ocupación de unos terrenos particulares sobre los que se construyó en el año 2002 el colegio de El Cuchillo. Si la propietaria demuestra que los terrenos son de su propiedad, deberá indemnizarla en base al precio de los terrenos en el momento de la ocupación.

En ese año, el Ayuntamiento de Tinajo como 2.000 metros de una finca mayor, propiedad de María Rosa Oliva, pero, según la reclamación de esta vecina, ocupó más de 7.000. La vecina solicitó en el año 2012 que se legalizara la ocupación mediante una expropiación y se le pagara una indemnización de 1,7 millones de euros, pero el Ayuntamiento no le contestó, y entonces interpuso un contencioso administrativo por la inactividad municipal. Oliva perdió en primera instancia pero los tribunales le dieron la razón parcialmente en segunda instancia, el pasado mes de julio, determinando que tiene derecho a que se le conteste a su solicitud.

El Ayuntamiento encargó un informe a sus servicios jurídicos para que aclararan el alcance de este fallo judicial. El informe señala que la vecina no tiene derecho a la indemnización de 1,7 millones que solicitaba ni a que se inicie un expediente de expropiación, ya que la sentencia reconoce que no tiene sentido expropiar cuando ya se han ocupado los terrenos y que sólo quedaría como solución pagar una indemnización por sustitución al ser imposible la restitución.

El Ayuntamiento tendrá que resolver el expediente que solicitó la vecina que reclama la propiedad del suelo

El informe concluye que Tinajo deberá examinar el expediente en base a la documentación ya presentada por la vecina, y determine si es cierto que se ocuparon los terrenos y si son de su propiedad. Señala, además, que la responsabilidad de demostrar la titularidad del suelo recae en la vecina. En caso de que se demostrará así, Tinajo tendrá que pagar el valor del suelo.

La sentencia reconoce que el silencio del Ayuntamiento supone una anomalía o irregularidad en la actuación administrativa "difícilmente comprensible en un estado de derecho ", ya que lleva a la reclamante a un estado de indefensión.