La Audiencia Provincial de Las Palmas decidió este miércoles suspender el juicio contra seis policías acusados de delitos de torturas y lesiones en la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife.

De este modo, el juicio que estaba previsto que se desarrollase en tres sesiones esta semana se ha retrasado hasta el próximo mes de septiembre para que varios de los testigos propuestos puedan ver un vídeo grabado por las cámaras de seguridad de la Comisaría cuando se cometió la supuesta paliza.

En el caso, cinco agentes de la Policía Nacional y un subinspector están acusados de delitos de tortura y lesiones. Los dos jóvenes presuntamente torturados, que son hermanos, también están imputados por el Ministerio Fiscal, que les acusa de un delito de lesiones y de atentado contra la autoridad.

Uno de los hermanos sufrió fractura de tibia, de la mano derecha y diferentes hematomas en varias zonas del cuerpo. Tardó casi un año, según consta en el escrito de acusación, en recuperarse. La Fiscalía señala que la misma suerte corrió el otro hermano, a quienes los agentes golpearon con porras mientras este llevaba grilletes. Le daban puñetazos en la cara, espalda y abdomen.

Por ello, sufrió desgarro en ambas retinas, perforación de tímpano y varias heridas de consideración que le mantuvieron hospitalizado 24 horas. Se tuvo que someter a varias intervenciones con láser por los desgarros en las retinas y como secuela ha perdido agudeza auditiva.

La Fiscalía solicita para el subinspector y los cinco agentes condenas que suman 70 años de cárcel y, si lo estima la Audiencia Provincial, deberán indemnizar a las víctimas con casi 30.000 euros. De ser hallados culpables, serán inhabilitados del ejercicio de su profesión.

En cuanto a los dos detenidos, víctimas de la supuesta agresión, la Fiscalía solicita para cada uno dos años de prisión –condena que se podría suspender si no tuvieran antecedentes penales en vigor- por atentar contra la autoridad y multa de más 700 euros.

La Fiscalía solicita que el subinspector y uno de los agentes sean condenados a 15 años de cárcel cada uno y que a los otros cuatro funcionarios públicos se les impongan penas de seis años de prisión.