Funcionarios que piden otros destinos que no sean Lanzarote ni Fuerteventura (ni Canarias), gente viviendo en coches, en casas de amigos, en pensiones, en casas ocupadas y que se ven en la calle porque no encuentran un alquiler de larga estancia. En el último año, el libre mercado y la falta de inspección ha provocado una situación de emergencia social que se agrava cada día que pasa.

Jakeline es tinerfeña y trabaja en Corralejo como profesora. “Perdí la cuenta de los lugares donde intenté encontrar alojamiento”, dice. Es su tercer curso en Fuerteventura y nota que desde hace un año los alquileres han subido “mucho”. Le pidieron 1.000 euros mensuales por vivir en un piso con una única habitación cerca de la playa. “Contacté con una persona que pedía 400 euros por un alquiler por el paseo Bristol. Lo hice por WhatsApp y me pidió tres meses por adelantado a través de la plataforma de Airbnb. Luego vi que era una estafa”.

En Corralejo hay “mucha vivienda vacía y ocupada”, cuenta Jakeline, que se planteó comprar una vivienda porque su estancia en la Isla puede alargarse y porque a día de hoy “una hipoteca es más barata que un alquiler”. Tampoco fue bien la compra. “Quieren dinero en metálico sobre la marcha; también ha subido el precio de las viviendas básicas”. Le apuntaron a una lista y le dijeron que ya le llamarían. Intentó comprar otra y la inmobiliaria le informó que estaba ocupada ilegalmente. “El precio es más bajo pero tú te tienes que encargar de que la gente se vaya de allí”, le dijeron.

Ainhoa también es profesora y sigue viviendo en Playa Honda. Uno de sus caseros quería transformar el apartamento en una vivienda vacacional, pero el otro no estuvo de acuerdo. Conoce casos de compañeros que han tenido que abandonar la Isla, sobre todo docentes con contratos precarios. “Una chica vino a hacer una sustitución y no sabía a ciencia cierta cuánto tiempo iba a estar aquí. Un mes, un mes y medio, dos… Es imposible encontrar un alquiler para ese tiempo y hay que irse a uno vacacional”, dice, con el consecuente gasto extra que implica.

“Contacté con una persona que pedía 400 euros por un alquiler por el paseo Bristol. Lo hice por WhatsApp y me pidió tres meses por adelantado. Luego vi que era una estafa”

El precio medio del alquiler vacacional para un mes entero en las Islas orientales está en unos 1.775 euros, según la plataforma Airbnb. Booking advierte que la ocupación en el mes de octubre supera el 90 por ciento, así que las posibilidades que quedan son pocas y caras. Si un profesional tiene que pagar su traslado y no le queda más remedio que pagar su vivienda a precio turístico, “la precariedad se agrava todavía más”.

La situación es similar en todo el Archipiélago canario y en las zonas más turísticas de España. El año pasado le ocurrió algo similar a un amigo de Ainhoa: le ofrecieron un contrato de un mes, con posibilidad de prórroga. Imposible encontrar un sitio donde vivir. “Ni apartamentos, ni habitaciones. Nada. Estuvo dos semanas durmiendo en el coche”.

Elena es andaluza y profesora de instituto. Lleva diez años ejerciendo como docente en Canarias, los último tres en Lanzarote. Encontró un apartamento en la Avenida, con vistas a la marina de Arrecife. El pasado mes de mayo “la casera me insinuó que el año que viene tenía otros planes”. Dos semanas antes de que eligiese los destinos le confirmaron que su piso iba a convertirse en una vivienda vacacional. Pidió plaza en Corralejo, donde tiene contactos y no ha tenido problemas. “Si yo fuera una camarera, sería distinto. Y me parece injusto. Hay casos desgarradores, familias enteras que no saben qué hacer”.

“Nos vemos en la calle”

En Mil Anuncios las ofertas de pisos apenas existen. La mayoría son demandas urgentes de vivienda: “Me urge encontrar un piso. Somos una pareja con un niño de tres años y otro en camino. Nos conformamos con que tenga sitio donde cocinar, nevera, lavadora y ventilación. Estoy con riesgo de parto prematuro por la ansiedad que me provoca llevar más de año y medio buscando algo y nada. Me veo con un bebé en brazos y una casa donde caen goteras, sin ventanas y humedades. Ya mi hijo estuvo ingresado por infección en los pulmones en invierno. Podemos pagar máximo 400 euros”.

Otros son trabajadores recién llegados a la Isla, que se encuentran con una realidad desesperante: “Somos una pareja con un bebé. Llevamos dos meses en la Isla buscando un alquiler ya que estamos trabajando y queremos quedarnos. Somos de la Península y buscamos alquiler para larga temporada. Nos urge muchísimo ya que nos vemos en la calle. No hay manera de encontrar un alquiler que no rebose cifras alucinantes. Mucho turista pero se olvidan de que quien da de comer a esos turistas somos los trabajadores que estamos aquí”.

Los despachos de abogados están recibiendo un aluvión de consultas. La situación siempre es la misma: “Mi casero me quiere echar porque quiere poner el piso de alquiler vacacional”

En el sur de Tenerife están empezando los problemas en las comunidades de vecinos. A veces los turistas no cumplen los horarios habituales de descanso y generan problemas de convivencia. Los vecinos están planteando a los propietarios de viviendas vacacionales que paguen una cuota de comunidad más cara.

Los despachos de abogados están recibiendo un aluvión de consultas. La situación siempre es la misma: “Mi casero me quiere echar porque quiere poner el piso de alquiler vacacional”. O parecida: “Me han subido la renta 150 euros para que me vaya”. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece una duración mínima de tres años para los contratos de vivienda. Algunos caseros se aprovechan de la desinformación de sus inquilinos e intentan que se marchen antes, porque han visto un negocio sustancial en el alquiler vacacional. Si se hace de manera ilegal, la rentabilidad es mucho mayor. Pero si se cumple con la ley, se paga a Hacienda, se paga un porcentaje al portal de reservas (Booking, Airbnb, etc), se pide una cédula de habitabilidad, se contrata a una persona para la limpieza del apartamento y la gestión de las entradas y salidas… la ganancia es mucho más ajustada. Otro punto de vista tienen algunos propietarios que han vivido malas experiencias y se sienten desamparados por la ley. Inquilinos que no pagan la renta mensual y pisos destrozados que una fianza no puede cubrir.

La respuesta de las instituciones

En agosto, el Gobierno de Canarias convocó las subvenciones de su programa de ayuda al alquiler. Había más de 1,2 millones destinados a ayudar a las personas que tuviesen que pagar un alquiler de un máximo de 450 euros mensuales por su residencia habitual. La ayuda se publicó en el Boletín Oficial de Canarias en pleno mes de agosto y dio únicamente diez días hábiles para cumplimentar la documentación. Los que se enteraron corrieron la voz por WhatsApp y los solicitantes llenaron las copisterías para tramitar todo el papeleo. En la anterior convocatoria 1.500 demandantes (de los 10.000 que se presentaron) se beneficiaron de la ayuda.

“No hay manera de encontrar un alquiler que no rebose cifras alucinantes. Mucho turista pero se olvidan de que quien da de comer a esos turistas somos los trabajadores que estamos aquí”

El alquiler vacacional ha terminado de romper un mercado que estaba herido: sin viviendas de protección oficial y con una gran bolsa de viviendas vacías. “España es un país de propietarios, pero el reparto de esas propiedades es un tanto desigual”, dice Beatriz Toribio, responsable de estudios del portal Fotocasa, que cada año publica un informe sobre el mercado de la vivienda. Según sus datos, el 84 por ciento de la población española tiene viviendas en propiedad. El 68 por ciento tiene una, el 12 por ciento tiene dos casas, el 3 por ciento tiene tres y un 1 por ciento tiene más de tres viviendas en propiedad. Otro dato importante es que el 4 por ciento de los propietarios tiene su vivienda vacía. Cuantas más casas se tienen en propiedad, mayor probabilidad de tener alguna vacía.

¿Cómo es posible que exista una tope máximo de camas turísticas pero no exista todavía una ley que regule las plazas de alquiler vacacional? El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la prohibición de que existan viviendas vacacionales en las zonas turísticas, porque vulnera la libre competencia, y suprimió la obligación de inscripción en un Registro antes del inicio de la actividad. El Gobierno de Canarias ha recurrido la sentencia.

La prohibición de viviendas vacacionales en zonas turísticas vino a contentar al sector hotelero convencional, que ha visto crecer meteóricamente una competencia, que cuando es legal y de calidad, permite una experiencia de viaje mucho más próxima a la realidad local y que además genera un gasto en destino (restaurantes, supermercados, actividades de ocio, etc.) mucho más elevado. En Change.org se ha iniciado una recogida de firmas para garantizar alquileres dignos para la ciudadanía y que se acabe esta situación: “Hay viviendas que no reúnen las condiciones, precios y fianzas imposibles, alquileres sin contrato, viviendas sin declarar, pueblos tranquilos que se han visto afectados por los oportunistas…”.