La empresa Juan Antonio Rivera, concesionario de Iveco en la provincia de Las Palmas, ha realizado este viernes sus primeras declaraciones sobre las casas de la calle Palacio Valdés en Argana, después de casi diez años de conflicto. El representante de la empresa, José Mamerto Negrín, ha asegurado que han ofrecido un acuerdo a Sinforiano y Pilar, que se firmará en una notaría, que les permite vivir en la casa hasta su fallecimiento.

Negrín ha asegurado, en primer lugar, que Iveco "no tiene nada que ver con este asunto". Es más, ha señalado al senador de Lanzarote, José Ramón Galindo, que había enviado una carta a Iveco España para que conocieran el asunto, que "el problema está en Lanzarote, no en Madrid".

Según la versión de la empresa, estuvieron intentando negociar durante los cuatro primeros años para realojar a los ocupantes de las viviendas y les ofrecieron la compra de la vivienda. "Los precaristas se negaron en redondo", señaló el representante legal.

La empresa alega que ofreció a los ancianos que pudieran disfrutar de una vivienda similar, en las mismas condiciones y en el barrio, y que ese ofrecimiento lo hizo la Diócesis, pero que Sinforiano y Pilar se negaron a cualquier acuerdo.

No obstante, en 2006, la Diócesis y Juan Antonio Rivera firman un contrato de compraventa con una cláusula de la que no informaron a los habitantes de las casas, que permitía a Sinforiano y Pilar y a otra de las ocupantes quedarse en las viviendas hasta su fallecimiento.

La cláusula decía que la mercantil "respetará y permitirá que los ocupantes puedan seguir disfrutando de las viviendas hasta su fallecimiento. Negrín alegó que en ese documento se añadía que la empresa "podrá realojarles en otra vivienda". "Ese podrá no deja lugar a dudas", dijo.

A pesar de ello, Negrín señaló que no tenían por qué aportar ese documento y que no lo ocultaron. Sin embargo, fue la Diócesis la que lo aportó al Juzgado para paralizar el desahucio el año pasado.

La empresa dice que Sinforiano y Pilar se han estado negando a un acuerdo porque se querían quedar con la propiedad de la vivienda

El abogado Esaú de León señaló que nunca han querido el lanzamiento y que, aunque ganen otro pleito que aún hay en los tribunales, seguirán con el acuerdo de que permanezcan en la casa.

Negrín aseguró que Sinforiano y Pilar se han estado negando a un acuerdo "quizá porque querían quedarse con la propiedad de la vivienda". Preguntado por si eran conscientes del sufrimiento ocasionado a los ancianos, señalaron que no entran en esa cuestión". También señaló que la inversión no ha sido rentable y que no saben qué planes tiene la empresa para esos terrenos. "Sólo en abogados, la empresa se ha gastado una fortuna", dijo.

Negrín se refirió al concejal Andrés Medina, que actúa como portavoz de la familia, señalando que sus declaraciones "están sacadas de la mente de un novelista de ficción". "Salvo los signos de puntuación, lo demás carece de veracidad".

También dijo que con la rueda de prensa ofrecida este viernes, desmienten "el 95 por ciento de las informaciones sobre el caso", aunque reconoció que las informaciones no habían podido ser contrastadas hasta ahora porque la empresa había decidido no hacer declaraciones.

El acuerdo, que está a disposición de los ancianos, según la empresa, les permitirá disfrutar de la casa hasta su fallecimiento. La empresa se haría cargo del pago del IBI. "No hay ninguna condición", según dijo el abogado.