El actual Director insular de Educación y ex consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez (CC), tendrá que declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife por el caso Inalsa el próximo 20 de septiembre. La declaración ya se ha pospuesto en dos ocasiones, en mayo y junio.

El caso se inició por una denuncia de Alternativa Ciudadana y en el procedimiento ya han declarado como investigados la ex consejera plácida Guerra y el ex gerente Rafael Elorrieta. Junto a Pérez, el próximo martes tendrán que declarar Pedro Márquez, como investigado, y los tres administradores concursales de Inalsa, Juan Luis Ceballos, Pedro Martín Toledo y Pablo de la Vega, como testigos.

En una providencia del pasado mes de junio, el juez también acuerda remitir varios informes solicitados por la Audiencia de Cuentas sobre la Junta General de Inalsa celebrada el 11 de julio de 2013, en la que se aprobó el convenio de pago entre Inalsa y sus acreedores tras la adjudicación del servicio a Canal Gestión.

Durante el mandato de Mario Pérez se incumplió el contrato con la UTE Edam Janubio y se dictó el laudo que obligaba a Inalsa a pagar doce millones de euros. Pérez también puso en marcha un Gabinete de crisis e inició un Plan de inversiones y de saneamiento que no se culminaron. La Fiscalía considera que las irregularidades contables en los años 2006, 2007 y 2008 son un hecho objetivo.

El Juzgado envía a la Audiencia de Cuentas las actas de la Junta general de Inalsa en la que se aprobó el convenio con los acreedores tras la privatización

En el último escrito de Fiscalía se señala que "el informe de la Administración concursal era claro a la hora de fijar como arco temporal en que se cometieron numerosas irregularidades contables el periodo en que Rafael Elorrieta sí tenía esas facultades que el artículo 44 de los Estatutos de Inalsa le atribuían, entre otras, las de ordenación de los pagos de la sociedad, y que son los relativos a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, irregularidades cuya relevancia penal o no, se trata de determinar con esta instrucción".

El caso se centra en investigar presuntas irregularidades en ese periodo tanto en la facturación como en el cobro de clientes, las inversiones en reparaciones, las modificaciones de tarifas, así como los traspasos monetarios entre la empresa y el Consorcio insular de aguas desde el año 2006, incluyendo el traspaso de la deuda para hacer posible la privatización del servicio de abastecimiento de agua que prestaba Inalsa y su adjudicación a Canal Gestión.