Hay viviendas con órdenes de derribo y multas

Los vecinos del camino a Güime reclaman que el PGO los considere asentamiento rural

Foto: Felipe de la Cruz.
M. Riveiro 4 COMENTARIOS 09/11/2015 - 06:42

El urbanismo de Arrecife tiene problemas enquistados durante como las edificaciones diseminadas en el camino viejo de Güime, en Argana Alta o en Las Vírgenes. Decenas y decenas de viviendas que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) deja en suelo rústico. El propio alcalde de Arrecife, José Montelongo, firmó como secretario local del PSOE unas alegaciones en las que consideraba que el Plan General no daba “respuesta” ni “soluciones” a estas viviendas, en muchos casos con expedientes de infracción abiertos.

Vecinos de la carretera de Arrecife a Güime, que cuenta con “más de 70 viviendas”, han presentado una batería de alegaciones al Plan General, que divide a las casas: una parte queda englobada en suelo rústico de protección territorial y otra en suelo rústico de protección paisajística a pesar de que, según sostienen, la zona “no tiene ningún valor paisajístico a proteger”. Así, tachan de “injustificada y discriminatoria” esta división, que consideran un “atentado” contra algunos de los residentes.

Los vecinos aseguran que hay viviendas con cédula de habitabilidad e incluso licencias de obras

Los vecinos defienden que se trata de “un solo barrio con continuidad en su trama urbanística, con acceso rodado ordenado y que cuenta con todos los elementos característicos del suelo urbano”, como “acceso a diferentes suministros” o “conexión con la red de alcantarillado”. Algunas de las viviendas, resaltan en las alegaciones, tienen “más de 25 años”.

Los residentes en el camino a Güime reclaman que a la zona se le dé la categoría de “asentamiento rural”, lo que aunque no recalifica el suelo como urbano ofrecería cobertura legal a las viviendas. Los vecinos denuncian que, en el Plan General en elaboración, el Ayuntamiento de Arrecife “está haciendo caso omiso a los antiguos compromisos de regularización de la zona adquiridos en épocas anteriores” y “despreciando a numerosos ciudadanos”. También alegan sufrir una “situación de indefensión” puesto que el propio Ayuntamiento les otorgó “cédulas de habitabilidad y en algunos casos hasta licencias de obras”.

Denuncian que se “está haciendo caso omiso a los antiguos compromisos de regularización”

“Si estas viviendas no son recogidas en el Plan General”, argumentan, “no podremos paralizar o archivar definitivamente los muchos expedientes urbanísticos abiertos por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias en los que se solicita la demolición y multas económicas importantísimas”. Los vecinos también destacan que “muchas” de las viviendas “disponen de certificados expedidos por el Ayuntamiento de que reúnen las condiciones necesarias” para ser incluidas en un asentamiento rural.

Montelongo reclamó “un mecanismo de regularización”

“El planeamiento territorial y urbanístico ha de ser capaz de encontrar soluciones a los problemas, sobre todo cuando afecta a los segmentos más modestos de la población”, recalcó el actual alcalde, José Montelongo, en las alegaciones del PSOE al Plan General. Montelongo consideraba que el nuevo Plan “debe arbitrar un mecanismo de regularización para que estas viviendas encuentren anclaje en el planeamiento, quizá dibujando un nuevo perfil de borde urbano que las saque de su situación actual de fuera de ordenación”.

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