Dos Juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas, el número 2 y el número 5, han confirmado la vigencia de las órdenes de demolición parcial de tres viviendas en La Bufona (Arrecife), dictadas por la Agencia de protección del medio urbano y natural en febrero de 2013.

La Agencia ordenó la demolición de algunos elementos de 14 viviendas, como pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas, por estar construidas en suelo rústico de valor natural ecológico que, además, no pertenecía la empresa promotora de la urbanización. Las obras son "indudable y manifiestamente ilegalizables".

De esas 14 viviendas, once recurrieron a los tribunales y tres acaban de perder en primera instancia, aunque pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las otras tres, entre las que se encuentra la de la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, no recurrieron.

Además de estas órdenes de demolición, todo el plan parcial está fuera de ordenación, afectado por una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el planeamiento. En noviembre se juzga a al promotor del Plan, de Brisa Inversiones, Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro por un delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y estafa.

Los tres propietarios que acaban de perder este pleito estaban defendidos por la abogada Juana Fernández de las Heras, hija y compañera de despacho de Felipe Fernández Camero, que estuvo imputado en la causa ya que, como secretario municipal, fue el encargado de firmar las licencias que después fueron anuladas.

Esta abogada también defendió a los promotores de La Bufona. Los propietarios de las viviendas no han demandado a los promotores, a pesar de que basan su defensa en sostener que las ampliaciones ilegales las llevaron a cabo los compradores después de que se les entregaran las casas.

La Apmun ordenó la demolición parcial de 14 viviendas por estar construidas en suelo rústico de valor natural ecológico

En estos tres recursos, los demandantes alegaron que las obras fueron realizadas e inscritas antes de la compra de las casas. El Juzgado no acepta este argumento y les recuerda que tienen cauces jurídicos para el resarcimiento de los daños. También pedían la caducidad del procedimiento sancionador. Los afectados, a través de una asociación de vecinos, intentaron conseguir que el Cabildo de Lanzarote certificara que las casas no estaban sobre suelo rústico pero la potestad de certificar el tipo de suelo es del Ayuntamiento.

Según señala el denunciante del caso y propietario de los terrenos ocupados, Eduardo Murillo, "el origen de las construcciones ilegales en La Bufona, arranca de las licencias ilegales contrarias a la normativa urbanística que firmó el funcionario del ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y que han permitido a los promotores edificar grandes viviendas unifamiliares aisladas en donde sólo se podía autorizar la construcción de pequeños apartamentos adosados".

Múltiples irregularidades

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos "no eran reflejo de la realidad territorial".

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.