El auto de apertura de juicio oral de la pieza de la operación Jable del caso Unión, relacionada con la trama de la recogida de basura en Arrecife y la trama de la construcción del pabellón de Argana, apunta al quebranto económico que sufrieron las arcas públicas del Ayuntamiento capitalino: más de 18,5 millones de euros.

La “indemnización por daños y perjuicios” derivada de los contratos con Urbaser se cifra, “provisionalmente”, en casi 9,8 millones de euros “por la trama relativa a la adjudicación del contrato de recogida de residuos urbanos”, la construcción de varias naves y las revisiones de precios aprobadas bajo la alcaldía de María Isabel Déniz.

Los citados 9,8 millones de euros son el importe señalado como “responsabilidad civil” por la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife en su escrito de calificación provisional.

El Consistorio capitalino también reclama la nulidad de los contratos con Urbaser “adjudicados de forma ilícita” y “analiza pericialmente los sobrecostes de las construcciones” ejecutadas por la empresa, que no estaban recogidas en las bases del concurso y no salieron a licitación, además de la “revisión de precios” que de forma periódica se aprobaban en pleno.

“La cantidad”, explica en su auto la jueza Silvia Muñoz, “no se aparta sustancialmente” de la que la instructora del caso Unión apuntó en la resolución en la que dio por concluida la investigación, “valorando únicamente el coste de adjudicación del contrato de servicios, con la mecánica delictiva” que se atribuye a los acusados.

El quebranto sufrido por el Ayuntamiento en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria asciende a casi 9,8 millones

Así, la jueza concluyó entonces que se habría “adjudicado de manera ilícita” casi 8,5 millones de euros “de dinero público”, incluyendo en ese importe unos 2,2 millones de la “adjudicación fraudulenta de un contrato de basuras y residuos a Tecmed”, empresa luego fusionada con Urbaser, “más dos contratos de obra sin licitación previa” de 3,9 y 2,3 millones de euros.

En al auto de apertura de juicio oral, dictado este miércoles, se indica que “no se ha tomado en consideración” la partida de 22 millones de euros que reclamó como responsabilidad civil la acusación popular ‘Jiménez de Asúa’, que responde al coste de 10 años de prestación del servicio de recogida de residuos urbanos, considerando que tal restitución, que implicaría la valoración recíproca de prestaciones” entre Urbaser y el Ayuntamiento, “tendría que ser ponderada”.

La jueza Muñoz tiene en cuenta los 8,7 millones por los que se adjudicó el pabellón de Argana para fijar la responsabilidad civil

En cuanto a la trama relativa a la adjudicación del pabellón de deportes ubicado en el barrio capitalino de Argana, la cantidad de 8,7 millones coincide con el precio de adjudicación de las obras, contratado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en un pleno municipal de marzo de 2003, con Déniz de alcaldesa.

Cabe destacar que, con posterioridad, se efectuó una modificación del contrato con FCC y por las obras del pabellón el Ayuntamiento terminó abonando más de 12 millones de euros. Las instalaciones están cerradas desde marzo de 2013 por deficiencias en el inmueble. El Consistorio ha estimado que es necesario invertir otros 834.000 euros para reabrirlo.