REPORTAJE

Las diez piezas del Caso Unión avanzan: la instrucción terminará en 2015

Primer juicio del caso Unión, que se está celebrando con Dimas Martín y Batllori como principales acusados.
Saúl García 3 COMENTARIOS 10/11/2014 - 06:40

A finales de noviembre terminará la vista oral del primer juicio del caso Unión, en el que se juzga la contratación irregular en el Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa de Francisco José Rodríguez Batllori. Es la primera de las catorce piezas de Unión que llega a juicio. Seis personas se enfrentan a penas de entre uno y ocho años de cárcel. Son los primeros en sentarse en el banquillo pero no serán los únicos. De las catorce piezas judiciales en que se tradujeron las tramas descritas por la UCO, cuatro se han archivado ya y las otras siguen su curso. En 2015 se prevé que termine la instrucción de todas y que se juzguen la mayoría.

Hace más de un año que el caso lo instruye la magistrada Silvia Muñoz. Es la quinta juez en hacerse cargo, tras César Romero Pamparacuatro, Albano Padrón, Lucía Barrancos y María Jesús Hernández Elvira, y todo apunta a que será la última. Muñoz se ocupa en exclusiva de este caso y de dos denuncias que interpuso Transparencia Urbanística: la bodega Stratvs y las licencias otorgadas a una empresa vinculada a Pedro de Armas en Playa Blanca. Se ocupa en exclusiva pero no en solitario: la secretaria Sonia Herrera y tres funcionarios también trabajan para que avance uno de los casos más graves de corrupción en Canarias. Las trabas iniciales en el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para reforzar la instrucción han desaparecido y el caso avanza con refuerzo de personal, sin carencias técnicas y sin que se hayan anulado las actuaciones.

El caso tuvo más de 130 imputados policiales, que se quedaron en 102 judiciales y que tras el archivo de cuatro piezas y de algunos imputados en otras, se han quedado en 66. No es una cifra definitiva, porque algunos no llegarán a juicio, aunque probablemente aparezcan nuevos imputados en otras piezas. En el Juzgado número 5 se siguen ocho piezas y hay dos más repartidas en otros, la denuncia a Carlos Espino por la cocina de Jameos y la investigación sobre el patrimonio oculto de Dimas Martín, que lleva la Fiscalía Anticorrupción.

Sólo en esas ocho piezas, el sumario alcanza ya la cifra de 113.354 folios, a los que hay que sumar los de las piezas de convicción y de las piezas de situación personal. En una sala del Palacio de Justicia de Arrecife se encuentran los 738 precintos que realizó la UCO en sus registros, divididos a su vez en distintas piezas, ya ordenados y a disposición de los imputados. Algunas de esas pruebas, tras el archivo de la causa para 17 personas, tienen que ser devueltas a sus propietarios.

Sólo en ocho piezas, el sumario alcanza ya la cifra de 113.354 folios y 738 precintos

Las cifras son mareantes pero los hechos son aún peores. El caso es un catálogo de delitos relacionados con la corrupción y con la Administración: no falta ninguno. Hay ocho imputados del PIL, uno del CCN, uno de CC, tres del PSOE y uno del PNL. A estos cargos o ex cargos públicos se les suman siete trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife, uno de Inalsa, tres del Cabildo, uno de Teguise y un funcionario de Prisiones. Y a todos estos hay que sumar 22 empresarios. Hay ocho personas imputadas dos veces, dos con tres imputaciones y Dimas Martín con cinco.

Los intentos de los imputados por ventilar supuestas irregularidades y conspiraciones y por anular las actuaciones no han dado su fruto y no parece que lo vayan a dar. El robo o desaparición de autos se investiga en otro Juzgado y no se sabe cuál puede ser la influencia sobre el caso que tenga esta investigación. Lo que sí está claro es que el Juzgado trabaja para que, si se llegara a anular algún auto por falta de firma, no influya en el resto de la causa.

Todas las fuentes judiciales coinciden en que la anulación general está descartada aunque se llegaran a anular algunos autos por falta de firma, y en todas las piezas hay pruebas de sobra, que son válidas, para poder llevar a juicio y condenar a la mayoría de los imputados.

Los intentos de los imputados por ventilar supuestas irregularidades no han dado su fruto

Es difícil encontrar un caso de corrupción con tantos implicados que hayan admitido los hechos: desde el concejal José Miguel Rodríguez, que incluso ha devuelto el dinero en una de las piezas, hasta los hermanos Becerra (la confesión de Fernando deja muy claro el juicio a Luis Lleó, y la de Ubaldo, la pieza de las comisiones ilegales al PIL), pasando por la denuncia de un trabajador de Urbaser, que no está imputado, al igual que la denuncia de José Antonio Castellano, la confesión de Carlos Curbelo, que llevaba y traía sobres para el PIL, la de varios empresarios que pagaron comisiones y lo han admitido, como Jesús Martín Brito, Manuel Reina Fabre o Antonio Gómez, y las dos más valiosas: la de Matías Curbelo, que provocó que se llevaran a cabo muchas de las detenciones de la segunda fase y que aportó una tabla de Excel con los pagos realizados al PIL más otras pruebas y finalmente la inestimable declaración del ex gerente de Urbaser Jacinto Álvarez y su libreta/ diario de la corrupción insular.

Unión no es el único caso de corrupción en la Isla. Sumando los casos Montecarlo, Yate, Stratvs, La Bufona y las licencias de Teguise, se alcanza la cifra de 124 imputados por corrupción relacionada con la Administración local, que salpican con fuerza al PIL, pero también a miembros de CC, PSOE, PNL y PP, a técnicos de varias administraciones y a empresarios. Hasta ahora, en Lanzarote, en los últimos veinte años, se había juzgado, y condenado, a algunos alcaldes como Honorio García Bravo, Luis Perdomo, Juan Ramírez, al concejal de Tías Jose Alberto Reyes, a Miguel Martín, José Francisco Reyes o Juan Pedro Hernández, y principalmente por cuestiones urbanísticas. Y por supuesto, a Dimas Martín. Ahora parece que la corrupción con mayúsculas, la que alcanza a técnicos, empresarios, comisiones ilegales, enchufes inexplicables y concursos amañados comienza a sentarse en el banquillo.

El siguiente juicio estaba previsto que fuera, a finales de noviembre, el de la construcción de la casa de Carlos Morales, pero se ha aplazado porque coincide con la última sesión del juicio de Batllori. Otra pieza que está muy avanzada es la llamada pieza 12, o diligencias previas 1/2014. En ella siguen imputadas 18 personas por pagar o cobrar comisiones ilegales: desde las flores de Pascua hasta obras menores. La Fiscalía trabaja para poder presentar el escrito de acusación antes de fin de año. Debe incluir en esa calificación más de 200 contratos a distintas empresas que no pasaron los trámites oportunos y que servían para financiar de forma irregular al PIL y a algunos de sus integrantes. En esta pieza se incluye el caso de la empresa Infogelanz, dedicada a la fontanería y con sólo tres empleados, que facturó en dos años más de un millón de euros al Ayuntamiento de Arrecife. Para terminar la instrucción de este caso falta recibir tres diligencias, entre ellas una prueba pericial sobre el ordenador que había en la sala polivalente del Juzgado que determine si algunos autos de Pamparacuatro se redactaron en el momento procesal oportuno o no.

La casa de Carlos Morales no es la única que está en suelo rústico y en la operación Unión. También está la casa de Dimas Martín en Yaiza, cuya instrucción ha avanzado mucho. A punto de finalizar la instrucción está el caso de Proselan, un saqueo a Arrecife a base de facturas de electricidad por trabajos que, según todos los indicios, no se hicieron. Hay dos piezas que afectan a miembros del PSOE: la del Teatro insular y la cocina de Jameos, cuya instrucción, en otro Juzgado, acaba de fusionar las denuncias de Pedro San Ginés con la de los Centros Turísticos. También se lleva en otro Juzgado la investigación sobre el patrimonio de Dimas Martín y su ocultación para no hacer frente a los más de cinco millones de euros de multa de la condena del Complejo agroindustrial.

La jueza multó al abogado de Lleó por acusar de delitos en la instrucción a la UCO, a la Fiscalía y al juez

El soborno de Lleó se juzgará por el método del Jurado. En la vista preliminar, este empresario y abogado, que se defendió a sí mismo después de que la jueza de Unión multara a su abogado con 3.000 euros (rebajados luego a 2.000) por extralimitarse en su derecho de defensa al acusar de delitos en la instrucción a la UCO, a la Fiscalía y al juez, pidió que se practicaran 18 diligencias para retrasar el procedimiento y que se anulara todo. No se le admitió nada y el caso sigue. Ahora la Audiencia designará un magistrado para que decida qué pruebas se admiten en el juicio y cuáles no y en 2015 se juzgará.

Por último, la de Urbaser es la pieza más retrasada, la más voluminosa y a la que afectan la mayor parte de los autos desaparecidos de entrada y registro. En todo caso, los registros no aportaron pruebas fundamentales, como la factura del viaje a Marrakech de Déniz pagada por FCC, y se cuenta con las confesiones y pruebas aportadas por Jacinto Álvarez, Matías Curbelo y los documentos oficiales del Ayuntamiento. Álvarez relató el proceso de amaño del concurso y las posteriores comisiones y Matías confesó que recogió el dinero del pago.

En datos

FOLIOS: 113.454

PRECINTOS: 738 con varias piezas de convicción cada uno.

IMPUTADOS: 66

EN OTRAS CAUSAS: 58

TOTAL: 124, aunque en realidad son 96 porque hay ocho imputados dos veces, dos en tres ocasiones y uno con cinco imputaciones.

3 Comentarios

Magnífico artículo, por fin nos enteramos de cómo está la corrupción en Lanzarote.
Lo incomprensible y vomitivo es que haya periodistas que quieran tapar los casos de corrupción, que haya quien defienda a los corruptos, cuando en toda España hay un clamor popular contra los corruptos aquí los conejeros somos tan tontos que defendemos a la corrupción y se han escrito durante meses artículos atacando al sr pamparacuatro y al sr Stampa por hacer su trabajo. Que barbaridad!!
Gran trabajo de la actual jueza, siga así trabajando en silencio. Lanzarote debe despertar y quitarse de encima tanta corrupción. Todos sabemos que existen intereses económicos muy poderosos pero tenemos mucha fe en la justicia.

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