La Unidad de Delincuencia Econnómica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga desde hace meses las cuentas de Intersindical Canaria (IC) a raíz de las irregularidades detectadas en la contabilidad de la Federación de Salud de  Gran Canaria y denunciadas en los juzgados hasta en cuatro ocasiones por miembros del sector crítico de la central.

El foco de las pesquisas policiales se sitúa en las subvenciones recibidas a través de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) de la Consejería de Empleo del Gobierno regional, aunque la UDEF también indaga en  las transferencias, pagos a terceros y préstamos personales realizados desde la organización para comprobar si se ha producido un desvío de fondos de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones a cuentas particulares.

Las sospechas sobre los cursos de formación se ceñían en un principio a los ejercicios 2010 y 2011, en los que IC recibió, respectivamente, 84.913,52 y 92.864,60 euros. Sin embargo, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, la UDEF ha decidido ampliar el objeto de sus averiguaciones a otros años y otras federaciones del sindicato. El elevado coste de la hora de formación telemática -cerca de 130 euros en el caso de los cursos impartidos en 2011- parece ser la razón de estos recelos.

A instancias de esta unidad policial, el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria reclamó en diciembre a Bankia que aportase los extractos de operaciones de la cuenta que la sectorial de Salud de Gran Canaria tiene abierta en esta entidad financiera y que identificase a los beneficiarios de las transferencias, así como a las personas autorizadas a operar en la misma con identificación de los periodos en los que lo han estado.

De forma paralela, Hacienda ha abierto una investigación sobre esta presunta trama de corrupción interna en el seno del sindicato tras la denuncia presentada en nombre de la propia Federación de Salud por uno de los siete afiliados que fueron expulsados tras denunciar las irregularidades y mantener la convocatoria de un congreso que la cúpula de la central quiso suspender. Fue precisamente en este congreso, celebrado en mayo de 2014, cuando se aprobó emprender  acciones judiciales contra siete dirigentes de la central.

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