La asamblea de trabajadores de Canal Gestión Lanzarote ha decidido este miércoles por “unanimidad” convocar una huelga a partir del 31 de julio por los “reiterados incumplimientos” de la empresa, filial de Canal de Isabel II.

Entre ellos, destacan “la pretensión de la empresa de despedir a 69 trabajadores” que fueron contratados hace unos tres años “en fraude de ley”, con la modalidad de contrato por obra y servicios.

El secretario insular de UGT, César Reyes, explicó a Diario de Lanzarote que esos contratos eran irregulares puesto que el servicio que presta Canal Gestión, de abastecimiento de agua, es “permanente”. “Al cumplirse los tres años en la empresa pretenden despedirlos y de hecho ya se ha producido un despido”, indicó Reyes. “Se ha hablado con la empresa y dicen que es una orden de Madrid”, añadió.

Para la plantilla, los despidos conllevarían el “desmantelamiento de la estructura organizativa de la empresa en los diferentes servicios”. La convocatoria de huelga está respaldada por UGT, Comisiones Obreras, Intersindical Canaria y CGT.

Otra de las razones para la convocatoria de huelga es la “privatización” de servicios y tareas que prestan trabajadores de la plantilla de Canal Gestión, según Reyes, como “los desatascos y el matenimiento de electricidad”. Para el secretario insular de UGT, esta práctica “va en contra” de las condiciones del concurso por el que Canal Gestión Lanzarote se adjudicó el ciclo integral del agua en la Isla.

"En riesgo" el "servicio público"

El comité de empresa de Canal Gestión comunicó a la autoridad laboral este martes el preaviso de huelga, que comenzaría el 31 de julio, con carácter indefinido. Fuentes de los trabajadores indicaron que lo normal es que al tratarse de un servicio básico como el abastecimiento de agua se fijen servicios mínimos. La intención de la plantilla es hacer paros parcial durante varios días y con carácter indefinido hasta que se llegue a un acuerdo con la empresa.

Los trabajadores también destacan que Canal Gestión ha incumplido el marco normativo y el convenio estatal para compañías de captación y distribución de aguas. En su opinión, se pone “en riesgo la sostenibilidad del empleo y del servicio público hacia los ciudadanos”.