La jueza Silvia Muñoz ha rechazado la petición del empresario Juan Francisco Rosa de que se abra una pieza separada dentro del caso Unión para tramitar la acusación que pesa sobre él de delito continuado de falsedad en documento público. La Fiscalía solicita para Rosa dos años y tres meses de prisión.

La defensa pidió el pasado 1 de julio que se formase otra pieza separada que contuviese únicamente los hechos de los que se le acusa: la “ficción” de haber contratado a Dimas Martín, fundador del PIL y principal imputado en la trama de comisiones ilegales para que obtuviera el tercer grado penitenciario, según destaca el fiscal Javier Ródenas.

En un auto fechado este lunes, la jueza subraya que por “razones de eficacia, celeridad o simplicidad” en la instrucción del caso Unión la petición de Rosa no puede ser acogida y resalta que la investigación ya ha culminado.

La intención de la defensa de Rosa es que se le juzgase junto a Dimas Martín, al margen del resto de imputados de la denominada pieza 12 del caso Unión, que investiga el presunto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife.

La defensa de Rosa pidió una pieza separada para no verse “sometido a un juicio oral de larga duración” con el resto de imputados

La defensa de Rosa argumentó que “la división de la causa llevará a una simplificación del proceso” y que el empresario no se tendría que “ver sometido a un juicio oral de larga duración” con el resto de imputados.

En cambio, la jueza considera que la petición podría “perjudicar el derecho de defensa del propio acusado” y subraya que “de adoptarse” la medida “arrastraría una importante dilación” en la formación de la nueva pieza separada de Unión.

“Ilógico” demorar el juicio de la pieza 12

“Supondría además una duplicidad en la práctica de prueba y una duplicidad organizativa” en las fechas señaladas para las sesiones de los “órganos enjuicidadores”, con perturbaciones para la citación de testigos, imputados, letrados o la propia Fiscalía, por lo que lo considera innecesario.

“En modo alguno supondría una simplificación o activación del procedimiento sino más bien lo contrario”, resalta la jueza, quien subraya que es “ilógico” demorar la celebración del juicio y “someter a los restantes acusados e intervinientes a un retraso más que considerable para que uno de los acusados no se vea sometido a un juicio oral de larga duración, olvidando que los derechos de todos los intervinientes deben ser ponderados”.

“Ventaja negociadora” para el Princesa Yaiza

En su escrito de acusación, el fiscal Ródenas recalca que Rosa accedió a “formalizar la ficción del contrato laboral” para que Dimas Martín saliese en tercer grado penitenciario “como medio para procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar la situación de sus complejos hoteleros”, citando expresamente al Princesa Yaiza, con licencia de obras anulada por los tribunales.

Para el fiscal, “con este ‘favor’ realmente pagaba algo más que la nómina” a Dimas Martín y “enmascaraba un trato de privilegio”. La Fiscalía también subraya que Dimas Martín “simuló un contrato de trabajo con un empresario que generosamente contribuía fuera de los cauces legales en la financiación del PIL”, engañando a Instituciones Penitenciarias.