La jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, ha imputado a otros dos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife –Francisco Saavedra López y Rut Hernández Toledo- en la pieza separada en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en las concejalías gestionadas por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

Así, la jueza ha citado a declarar como imputado al técnico Francisco Saavedra López, por la presunta comisión de un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a los contratos de la empresa Infogelan entre 2007 y 2010, “en los que intervino como técnico municipal en manifiesta contradicción con el derecho”. El técnico participó en “más de 50” expedientes de contratación de esta compañía.

La empresa Infogelan está siendo investigada por trabajar para el Ayuntamiento a cambio de comisiones ilegales. En el caso Unión se trata de comprobar la contratación irregular de esta empresa y la jueza señala que “se habría podido producir un enriquecimiento ilícito a cargo del erario público” de más de 1,1 millones de euros “por parte de los responsables de la citada mercantil”.

Además, la jueza ha citado como imputada a Rut Hernández Toledo, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Otras dos trabajadoras imputadas, Yoana Catalina Machín León y Loyola Hernández Álvarez, solicitaron al Ayuntamiento que identificara a la persona sobre la que recaía la función de dirección e inspección de los servicios de limpieza viaria, de parques y jardines y de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos del municipio.

Francisco Saavedra y Rut Hernández, imputados por prevaricación y malversación

El Ayuntamiento certificó el pasado 24 de septiembre que la técnico responsable era la citada Rut Hernández Toledo, cuya firma consta en un expediente que se corresponde con una propuesta de gastos investigada en el caso Unión.

La juez quiere interrogarla por ese expediente en el que intervino, así como por su “supervisión, al parecer no efectuada” sobre los citados servicios municipales, que “pudieran ser conductas tributarias” susceptibles de ser “castigadas como delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”, bien por acción o por omisión.

Auto Caso Unión