La jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, señala en el auto en el que da por concluida la investigación de la ‘pieza 12’ del procedimiento, que “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia” entre 2007 y 2009 de "una trama organizada en torno a la figura” de Dimas Martín, fundador del PIL, para el cobro de comisiones ilegales.

La juez señala que Martín ejercía una “total  ascendencia política sobre otros cargos públicos, mayoritariamente pertenecientes al partido del que fue fundador”, que “instauró en el Ayuntamiento de Arrecife un sistema clientelar” para “la financiación del PIL” y de los propios imputados.

Así, destaca como ‘modus operandi’ la “exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la Isla para la adjudicación de nuevos contratos” y “la exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la Isla para el abono de las facturas de contratos ya realizados que oscilaban entre el 20% y el 8% sobre la cuantía debida por el Consistorio”.

“Lo anterior”, destaca, “era posible mediante la inobservancia intencionada de la normativa administrativa en los procesos de contratación de empresas con el Ayuntamiento de Arrecife con el fin de adjudicar contratos directamente al margen de la regulación administrativa”.

En la causa, que pasa a la fase de procedimiento abreviado, previa a la celebración del juicio, mantiene las imputaciones contra Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica; Carlos Sáenz, interventor; y Elena Martín, jefa de Contratación e hija de Dimas Martín.

La jueza destaca que se eliminaron los trámites de “fiscalización del pago”, “transparencia” o “libre concurrencia” de empresarios “para optar por la oferta más beneficiosa a las arcas públicas”. En cambio, se adjudicaba de forma “directa” a la empresa elegida, a través en ocasiones de contrataciones fraccionadas para evitar concursos públicos.

“Con este ‘modus operandi’ se observa indiciariamente una correspondencia entre las empresas que financiaban al PIL y las que finalmente resultaban adjudicatarias de los contratos con el Ayuntamiento de Arrecife”, resalta la jueza Silvia Muñoz.

Dimas Martín, la “cúspide”

Para la jueza, la investigación demuestra que la “trama actuaba de manera organizada, bajo una unidad jerarquizada en cuya cúspide se encontraba el fundador y líder del PIL, Dimas Martín, y funcionaba con un reparto de funciones”.

De este modo, el fundador del PIL ejercía una ascendencia “absoluta y total” sobre el resto de miembros de la trama, que “actuaban bajo sus instrucciones en el ámbito de sus competencias públicas. Los cargos públicos del PIL imputados consideraban “sin excepción” que debían su puesto al fundador del partido y “habrían mantenido con él una total relación de subordinación, consultándole cada paso que daban y atendiendo con prontitud todas sus órdenes”.

“Pese a estar cumpliendo una condena que incluye, entre otras, una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública, el nivel de control que habría ejercido” Dimas Martín “sobre todos los cargos públicos y responsables políticos del partido que fundara, iría mucho más allá de una mera labor de dirección política”, subraya la jueza.

Así, “en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife habría tomado decisiones concretas y precisas sobre asuntos de índole administrativo que deberían haber sido de la competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales” como “la redacción de avances de Planes Generales de Ordenación Urbana, adjudicación de concursos públicos, contratación de trabajadores y empresas por parte del Consistorio o libranza de órdenes de pago”.

“Destinatario final” de las comisiones

Para la jueza del caso Unión, Dimas Martín “se perfilaría no sólo como el destinatario final” de las comisiones ilegales “o de una parte muy importante de ellas, sino también como el que habría dado las órdenes e instrucciones precisas a los cargos públicos”.

Esas órdenes estarían relacionadas con el retraso en el pago de deudas a empresarios, “como forma de forzar a éstos al pago de las comisiones”, o bien “influyendo” sobre los cargos públicos  “para que adjudicasen los servicios a las empresas que pagaban las comisiones”.

Según la jueza, Dimas Martín “habría actuado como promotor de la exigencia, como comisión ilegal, de entre el 8% y el 20% del valor de las obras que se adjudicaran a través de los concejales del PIL a los distintos empresarios en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife, ilícito beneficio que habría sido destinado a engrosar un ‘presupuesto paralelo’ o ‘caja B’ del Ayuntamiento de Arrecife” para “la financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote”.

“Puntualmente informado” por su hija

La jueza Silvia Muñoz destaca en el auto que la capacidad de “decisión” de Dimas Martín Martín “llega al extremo de que, siendo puntualmente informado a bien a través de su hija”, Elena Martín,  jefa de Contratación del Ayuntamiento, “que le suministraba la información y documentos necesarios de los que tenía conocimiento por razón de su cargo, tomaba decisiones en materia de cobro de comisiones y atribución de contratos públicos, dando en ocasiones las órdenes a través de cartas que redactaba en el centro penitenciario de Tahíche y que se dirigían a los principales” miembros de la “trama organizada”.

Claves de la trama

01. MIEMBROS. La jueza señala que Dimas Martín “se habría servido” de los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, como “encargados de adoptar las decisiones administrativas que habrían forzado a los empresarios al pago de comisiones, como el retraso en una orden de pago, la concesión de una licencia  o la inclusión de un terreno en el futuro Plan General”. “Indiciariamente se ha podido acreditar que ambos concejales habrían sido destinatarios de una parte de las comisiones exigidas para su lucro personal, sin perjuicio de las aportaciones al PIL bajo las órdenes de Dimas Martín”.

02. INFORMES. “También sería destacable la participación que Juan Rafael Arrocha habría podido tener como Jefe de la Oficina Técnica, informando favorablemente aquellas ofertas o pliegos presentados por empresarios que pretendían obtener las adjudicaciones de contratos a cambio del abono de las comisiones exigidas en los términos arriba expuestos o prestando su conformidad en el expediente administrativo a través de su firma, con la obra o servicio realizada, aun no siendo esta conforme o no habiendo realizado las comprobaciones oportunas”, destaca el auto judicial.

03. HIJA. “Para la correcta marcha de la actividad delictiva bajo el plan de financiación personal y asociativo, resultan esenciales la aportación” de Elena Martín, quien “omitía el control necesario en el ámbito de la contratación de empresas, en la redacción de contratos, alteraba la realidad en función de las empresas que se presentaban a licitación, avalaba el fraccionamiento contractual para documentar como contrato menor aquellos conceptos que debía ser tramitados como contrato mayor, y proveía a su padre (…) según sus órdenes y a quien este indicara, de la información necesaria a la que tenía acceso exclusivamente en función de su cargo”.

04. FUNCIONARIO. “También dentro del Ayuntamiento de Arrecife, el interventor tenía como función validar con su firma, en ejercicio formalmente aparente de las funciones de su cargo (pero en realidad inexistente) los documentos administrativos presentados al mismo, tales como órdenes de pago, propuestas de gastos y facturas, orillando el cumplimiento de las funciones más elementales del cargo que ocupa (fiscalización e intervención), para permitir la actuación, financiación y lucro de la trama en la que participaba, para lo cual Saenz Melero no contemplaba ‘reparo’ administrativo alguno, pese a las groseras irregularidades de los expedientes.

05. RECAUDADOR. “En esta trama de coparticipación delictiva, Matías Curbelo habría actuado como recaudador de las comisiones exigidas a la vez que tesorero-administrador del Partido de Independientes de Lanzarote. Al no ocupar ningún cargo público y como hombre de máxima confianza de Dimas Martín, habría sido la persona asignada para mantener los contactos telefónicos y entrevistas personales con los empresarios a los que se les habrían exigido las comisiones ilícitas, resalta la jueza.

06. TESORERO. Además de recaudador, la jueza atribuye a Matías Curbelo las funciones de informar “puntualmente de todos sus contactos” a Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez,  “para luego transmitir sus instrucciones al empresario en cuestión, todo ello bajo la organización preestablecida y bajo las directrices que marca Dimas Martín”. “Además como tesorero del PIL, Curbelo recibía y gestionaba tanto las comisiones o precios ilícitamente recibidos, como donaciones anónimas y no declaradas que pasaban a financiar el PIL de manera irregular al margen de lo dispuesto en La Ley de Financiación de Partidos Políticos”.