La juez que instruye el caso Stratvs, Silvia Muñoz, solicitó a una jurista del Cabildo, Joana Macías, que emitiera, en calidad de perito dentro de un procedimiento judicial, un informe sobre la posibilidad de legalización de la bodega, cerrada cautelarmente, y cómo le afecta el Plan Especial de La Geria.

El informe de Macías es contundente y considera que la bodega es ilegalizable y que el Gobierno de Canarias no debía haber aprobado el Plan Especial del espacio protegido al no seguir el procedimiento legalmente establecido.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, envió ese y otro informe al Juzgado y añadió que no habían sido validados por la asesoría jurídica del Cabildo pero que el informe de Macías “excede el objeto de lo solicitado” y que tiene “errores” de contenido.

En contestación al presidente, la juez Muñoz emite el pasado lunes una providencia en la que dice que la valoración sobre si el informe se excede en su contenido le compete en exclusiva a ella misma y asegura que “no observa exceso”.

Además, la juez dice que no es admisible “valoración alguna por personas ajenas a la misma o no designadas como peritos”, como es el caso del presidente.

"Independencia pericial"

Advierte, asimismo, que “la supervisión institucional pudiera suponer la incursión en la independencia pericial que debe primar en todo informe, siendo responsable exclusivamente el perito suscribiente de las valoraciones y razonamientos que el mismo contenga, protegiendo las leyes procesales tal independencia”.