La Fiscalía ha solicitado al Juzgado la apertura de un procedimiento en el que se investiga la gestión pasada de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). La empresa terminó en concurso de acreedores por una deuda acumulada que rondaba los 50 millones de euros.

En una resolución firmada el pasado 5 de mayo, y recibida por los denunciantes el martes, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha notificado que "se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos" en la administración de Inalsa.

La Fiscalía señala como "presuntos responsables” a quienes ocuparon los cargos de consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra (PIL), y gerente de la compañía de aguas, Rafael Elorrieta. Ambos fueron condenados el pasado mes de febrero a cinco años de cárcel por delitos de malversación al facilitar el pago irregular de 27.000 euros a Francisco Rodríguez Batllori.

La investigación desarrollada por la Fiscalía, que quiere que se profundice en vía judicial, parte de una denuncia interpuesta hace dos años por Alternativa Ciudadana, que denunció presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación.

Según los denunciantes, que recibieron el martes la notificación del Ministerio Fiscal, se ha pedido al Juzgado que tome declaración a los citados Guerra y Batllori, así como a los administradores de Inalsa durante el concurso de acreedores.

También se ha pedido que se incorporen a la causa las cuentas anuales depositadas por Inalsa desde 2006 en el Registro mercantil y que la Agencia Tributaria informe sobre todas las cuentas corrientes titularidad de Inalsa y del Consorcio del Agua de Lanzarote.

“Se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos”

El fiscal recomienda igualmente "un examen de la contabilidad y las cuentas corrientes titularidad de Inalsa para identificar los traspasos monetarios entre esta y el Consorcio Insular de Aguas, desde el año 2006 a la actualidad”.

Del mismo modo, solicita que “se verifique si el destino final de las cantidades invertidas por Inalsa en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de las facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó”.

La Fiscalía pide que “se compruebe si existen partidas o gastos no justificados realizados por Inalsa en el mismo periodo”, así como requerir al Consorcio del Agua los actos administrativos que motivaron las variaciones en el precio del agua en 2003, 2004 y 2007, respectivamente.

En el documento de la Fiscalía, según los denunciantes, también se insta a la petición de una serie de actas de sesiones celebradas por el Consorcio del Agua, así como que se remitan los informes externos encargados por el Consorcio a los juristas Ignacio Calatayud Prats y Pedro Lasso Purriños.