La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga entre el lunes y el jueves a cinco personas a las que acusa de falsedad en documento mercantil y estafa por haber efectuado cuantiosas compras de vehículos, muebles y electrodomésticos utilizando documentación falsa y engañando a las entidades financieras, a las que causaron perjuicios valorados en más de 342.000 euros, según destaca la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal solicita 10 años y seis meses de prisión para el que considera cabecilla de la trama, Iván R.M., a quien acusa de adquirir principalmente automóviles con documentación falsa, a sabiendas de que no iba a pagar los préstamos que recibía, para luego revenderlos y cobrar en efectivo.

Para ello, según la Fiscalía, se valía de colaboradores, como Nahyr A.P., que está buscada por la Justicia, para efectuar las compras de vehículos o de contactos en concesionarios de la Isla que, o bien facilitaban las operaciones a sabiendas de que eran fraudulentas, o bien tramitaban los préstamos con las financieras pero luego no entregaban los vehículos a cambio de una comisión.

Las estafas con documentación falsa que se juzgan por la Audiencia Provincial se produjeron entre los meses de abril y septiembre de 2011. Así, el 26 de abril compró a través de Nahyr A.P. un Volkswagen Golf de 18.370 euros, con un préstamo de 27.014 euros. Utilizó una factura falsa de teléfono de la compañía Orange, un certificado falso de empadronamiento en Yaiza y dos nóminas falsas emitidas por la empresa Mundo Latino, cuyo administrador, José Alejandro R.V., también se sentará en el banquillo.

Ese primer vehículo fue vendido a un particular el 6 de junio por 12.000 euros en efectivo, dejando de abonar a la financiera el préstamo y sin advertirle a la compradora la existencia de la deuda, según resalta la Fiscalía.

Colaboradores en concesionarios

El 29 de abril compró un Fiat 500 por 13.325 euros, también a través de Nahyr A.P., que formalizó con la misma documentación falsa y un informe de vida laboral “ficticio” un crédito de 16.902 euros. Para esta operación, Iván R.M. había contactado previamente, según destaca el fiscal, con Juan Luis R.R., empleado del concesionario, que gestionó la venta del vehículo “a sabiendas” de la “falsedad” de la documentación entregada y de que “el vehículo no sería pagado a la financiera”. Este acusado participó en otras operaciones más. El Fiat 500 lo vendió a un concesionario de vehículos de segunda mano, Amicars, por 8.000 euros en efectivo.

El 25 de mayo compró por 95.92 euros una moto BMW, firmando el préstamo Nahyr A.P. por importe de 9.737 euros. La moto fue vendida el 1 de junio a Amicars por 5.000 euros en efectivo. El 9 de junio, Iván R.M. tramitó la compra de una moto Yamaha en ‘U.R. Motos Lanzarote’, establecimiento ubicado en Tías, “haciéndose pasar” por Daniel Socuéllamos López.

Así, firmó el préstamo presentando una fotocopia del DNI de la citada persona, y presentó un empadronamiento falso en Yaiza y nóminas falsas de Mundo Latino. No recibió la moto pero el representante de ‘U.R. Motos Lanzarote’, Ubay M.D. le entregó los 9.000 euros del préstamo “a cambio de 200 euros”, según se apunta en el escrito de acusación de la Fiscalía. Similar operación repetirían el 26 de julio con una moto Kawasaki de 10.000 euros, concertando el préstamo y quedándose con el dinero pero sin efectuar la compra ni pagar la deuda

El 13 de junio compró por 14.328 euros otro Fiat 500 “haciéndose pasar” también por Daniel Socuéllamos, firmando un préstamo de 20.860 euros, con la colaboración según la Fiscalía del acusado Juan Luis R.R. como empleado del concesionario. El vehículo fue vendido a un particular el 21 de junio por 9.800 euros en efectivo. El mismo 13 de junio compró un sofá de 4.000 euros entregando parte en efectivo y firmando con identidad falsa un préstamo de 3.442 euros.

Identidades falsas

El 23 de junio adquirió por 17.400 euros un Honda Civic, a través de Nahyr A.P. que firmó con documentación falsa un crédito en La Caixa por 15.900 euros. El automóvil lo vendió el 8 de julio al concesionario Amicars por 12.000 euros en efectivo. El 27 de junio repitió operación con ‘U.R. Motos Lanzarote’, pero haciéndose pasar esta vez por Juan Ignacio Zurita, señala el fiscal. Firmó un crédito de 10.360 euros y Ubay M.D., representante del concesionario, le entregó los 10.000 euros a cambio de 125 euros.

El 31 de agosto volvió a comprar el Honda Civil a ‘Amicars’ por medio de otro de los acusados, Manuel M.D., abonando 15.800 euros. En esta ocasión, según la Fiscalía, fue Manuel M.D. el que firmó el contrato con la financiera que nunca se abonaría, y también utilizando documentación falsa y nóminas falsas emitidas esta vez por ‘U.R. Motos Lanzarote’. Dos días después, Manuel M.D. vendió el vehículo a su mujer para que ésta a su vez lo vendiera a otro concesionario de segunda mano, recibiendo 10.000 euros en efectivo. También en el mes de agosto comprarían un Opel Astra de 17.534 euros para luego venderlo a un concesionario de segunda mano.

Un vendedor se niega

El final de esta cadena de estafas llegaría, según la Fiscalía, cuando Iván R.M. fue a comprar una Citroën Berlingo por 14.952 euros, haciéndose pasar por Juan Ignacio Zurita y encontró “reticencias de la financiera”. Ofreció al representante del concesionario 1.000 euros para que “le ayudara a conseguir la operación con documentación falsificada” pero éste se negó.

Condenas solicitadas

La Fiscalía pide para Iván R.M. un total de 10 años y seis meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil vinculado a estafas, un delito contra la seguridad vial y dos delitos contra la Administración de Justicia por tratar de intimidar a otro de los acusados, Manuel M.D., a quien envió mensajes como “sé quién eres, dónde vives y tu mujer”.

Más detalles

PENAS. Para Juan Luis R.R., trabajador de uno de los concesionarios, la Fiscalía solicita cuatro años y tres meses de prisión. Para Ubay M.D., de ‘UR Motos Lanzarote’, solicita dos años y ocho meses de prisión.

COLABORADORES. La Fiscalía también solicita dos años y 11 meses de prisión para Manuel M.D., que efectuó varias de las compras fraudulentas, y dos años y ocho meses para José Alejandro R.V. por facilitar nóminas falsas.