La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará al final el próximo mes de julio la primera de las tres piezas del caso Montecarlo relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife. La vista oral se desarrollará los días 2, 3 y 6 de julio.

Estaba previsto que el juicio se celebrase entre los días 1 y 4 de junio, pero la actividad judicial, salvo la urgente, se encontraba suspendida y se retomó el pasado 5 de junio.

El caso Montecarlo estalló en 2012, cuando se produjo la intervención policial en el Ayuntamiento capitalino y se dividió en seis piezas. Una se archivó y dos más, relacionadas con el Ayuntamiento de La Oliva y el de San Bartolomé, ya tienen sentencia condenatoria.

En enero de 2019, el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife abrió juicio oral por esta pieza, por la que están acusados el exinterventor municipal Carlos Sáenz y su socio José Vicente Montesinos, ambos actualmente en prisión, el abogado Federico Toledo y el exconcejal de San Bartolomé Javier Betancort, actual gerente de Lancelot Medios.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel para Toledo y los cinco años y diez meses para Betancort hasta más de 15 años para los otros dos acusados por los delitos de prevaricación, malversación de caudales, falsedad en documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales.

También está personado el Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular, solicitando que se devuelva el dinero defraudado, que ascendería a más de 300.000 euros, y la asociación Acción cívica contra la corrupción, como acusación popular.

Esta es la pieza relacionada con los pliegos de condiciones que se elaboraban, presuntamente, para obras o servicios que no se llevaban a cabo. Se investiga un presunto desfalco a través de encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010.

Según la acusación, Betancort trabajaba para esas empresas y había conocido tanto a Montesinos como a Sáenz cuando era concejal de Hacienda por el PP en San Bartolomé, donde ambos habían prestado sus servicios, uno como representante de esas sociedades y el otro como interventor.

El Ayuntamiento de Arrecife solicita que se devuelva el dinero defraudado, que ascendería a más de 300.000 euros

Al exconcejal se le encargaba que redactara pliegos de condiciones para llevar a cabo concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no se llevaban a cabo, según los escritos de acusación. Por esos pliegos cobraban entre 15.000 y 18.000 euros, el límite del contrato menor y de adjudicación directa.

Betancort se encargaba de hacer de “nexo entre las partes” y de gestionar los contratos, así como de presentar los pliegos, las facturas y hacer el seguimiento para que fueran pagadas, añade la acusación. Los pliegos “eran idénticos en contenido y en número de páginas y solo se cambiaba el tipo de suministro en cada ocasión”.

De hecho, se podían haber obtenido, sin coste alguno, de la página web del Gobierno de Canarias, agrega la acusación. Entre los contratos, además de labores de asesoramiento, había pliegos para suministros de combustible para el parque móvil, para la Policía Local, de material de limpieza, de material de librería, de cemento, papelería, ferretería, pintura, suministros eléctricos, repuesto de vehículos, software o asfalto.

Pagos al interventor

Las acusaciones sostienen que las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario le pagaba a Sáenz. Casi todas las facturas se pagaron entre 2009 y 2010. En 2011 Montesinos reclamó por la vía judicial el pago de esas facturas.

Según el escrito de acusación de Arrecife, el Ayuntamiento contrató para este pleito al abogado Federico Toledo, que había sido compañero de partido de Betancort en el PP y que “de forma consciente y malintencionada no ejerció su labor de forma profesional”.

Esas facturas, finalmente, fueron reconocidas y pagadas, con certificaciones de legitimidad por parte del propio interventor y gracias a un reconocimiento extrajudicial de crédito para proveedores locales promovido por el Gobierno central. Fue el 14 de mayo de 2012, solo 15 días antes de que estallara la operación y detuvieran al interventor, entre otros.

Otras causas

En las dos causas que se han juzgado hasta ahora, el exinterventor ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena rebajada. Sáenz ya fue condenado a cuatro años y medio de prisión por una pieza del caso Unión, Proselan, y después ha aceptado otras tres penas más, de un año y medio, dos y tres años, respectivamente.

Las otras dos piezas de Montecarlo terminaron con condenas para todos los acusados, con o sin reconocimiento de los hechos. De los acusados en este juicio de julio, Montesinos ya arrastra dos condenas, de cinco y dos años de cárcel y Betancort también fue condenado a un año de prisión por la pieza de San Bartolomé.