La Audiencia de Cuentas de Canarias ha emitido un informe solicitado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife sobre si el acuerdo del Consorcio del Agua de pagar las deudas de la empresa pública Inalsa contraídas con sus acreedores “se ajusta a la legalidad”. El informe se pidió en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de Inalsa.

En mayo de 2013, el Consorcio acordó pagar “en nombre de Inalsa”, entonces en situación concursal, más de 35 millones de euros de euros que acumulaba con sus acreedores después de una rebaja en la deuda de un 18 por ciento. Para ello se utilizó el canon de Canal Gestión por la concesión del servicio integral del agua en la Isla.

El acuerdo de pago se consideró un “préstamo” que el Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos, hacía a Inalsa, de la que es titular el propio Consorcio. El acuerdo para el pago de la deuda contó con el informe desfavorable de la interventora del Cabildo y del Consorcio, y se solicitaron entonces dictámenes externos que avalaban la operación.

Ahora, la Audiencia de Cuentas señala al Juzgado que la legislación sobre las haciendas locales “no regula la posibilidad, si bien tampoco lo prohíbe expresamente, de que un Consorcio conceda un préstamo a una sociedad dependiente”.

“Por aplicación del principio del enriquecimiento injusto”, añade la Audiencia de Cuentas, “el Consorcio ha de responder por las deudas contraídas por Inalsa, en cuanto dicha sociedad es un ente instrumental” que “prestaba un servicio público esencial de carácter obligatorio”, el abastecimiento de agua, “habiéndose podido instrumentar su aportación mediante una subvención de capital”.

La Audiencia de Cuentas también concluye que “no existe ninguna norma jurídico-publica que impida la transmisión de los derechos de crédito”, en este caso el canon de Canal Gestión que recibió el Consorcio del Agua. Esa “transmisión” es “posible”, explica la Audiencia, “siempre que se efectúe con arreglo a las normas del derecho privado, siendo necesario el consentimiento del deudor”, que “obviamente tuvo lugar”, precisó el Cabildo en un comunicado.

Investigación abierta en el Juzgado

El informe de la Audiencia de Cuentas ha sido difundido por el Cabildo de Lanzarote. El presidente, Pedro San Ginés, señala que el informe desfavorable de la interventora fue entregado por él mismo al juez de los mercantil encargado del concurso de acreedores de Inalsa, que con posterioridad ratificó el acuerdo de pago a los acreedores de Inalsa.

“En esa fecha el juez ya válido la legalidad del acuerdo, pero a pesar de todo Alternativa presentó la denuncia”, señala. La denuncia de Alternativa Ciudadana, asumida por la Fiscalía y que ha dado origen a una investigacion abierta en el Juzgado, se extiende a un periodo amplio de tiempo en la gestión de Inalsa, que terminó con una deuda millonaria con empresas como Endesa o Fomento de Construcciones y Contratas.

Cabe destacar que en la causa sobre la gestión de Inalsa se encuentran investigados antiguos responsables de la empresa pública, como los ex consejeros delegados Plácida Guerra y Mario Pérez, o el ex gerente Rafael Elorrieta.