CASO STRATVS

La asociación acusada de fraude procesal intenta personarse de nuevo como acusación en Stratvs

Foto: Felipe de la Cruz.
Saúl García 0 COMENTARIOS 22/01/2017 - 13:13

Jacón, una asociación ecologista de Gran Canaria sin actividad conocida, ha vuelto a intentar personarse en el caso Stratvs como acusación popular. Lo ha hecho ante la sección sexta de la Audiencia provincial de Las Palmas. En este caso ya hay acusación popular y a Jacón se le ha rechazado la personación en cuatro ocasiones.

La primera ocasión se personaron con el abogado Juan David García Pazos, que ya lo había intentado antes en nombre de la asociación ecologista de Fuerteventura, Agonane, que acabó renunciando a esa personación porque se sintió engañada por este abogado.

La juez instructora de Stratvs, Silvia Muñoz, destacaba en un auto que coincidían en el tiempo la renuncia de una asociación y el interés de la otra y que parecían “coincidir también las firmas” que aparecen en los recursos tanto de una asociación como de otra “pese a que no actúan con la misma dirección letrada ni obran firmados por sustitución”. La solicitud era idéntica en ambos casos.

Muñoz les denegó la personación en dos ocasiones porque había sido presentada fuera de plazo cuando ya se había dictado juicio oral. Consideraba que en su petición había un “fraude procesal” y que usaban la acusación popular de modo torticero, “desdibujando los límites para los que fue concebida”. No habían aportado ningún documento que acreditara su existencia y su solicitud tan sólo tenía tres líneas.

“Cuando se quiera accionar la acción popular es necesario que la misma sea compatible con el derecho que tienen las defensas a saber quién les acusa y de qué se les acusa, lo que no se da en el caso de autos”, señala la juez.

La personación de Jacón también fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por la sección sexta de la Audiencia Provincial, la misma que debería resolver ahora. Esa Sala señalaba en un auto del pasado mes de julio, señalando que su personación fue “absolutamente extemporánea” porque ya se habían presentado todos los escritos de calificación y se había dictado juicio oral.

También señalaba la Audiencia que la causa había tenido una gran repercusión en los medios de comunicación “con lo que era sobradamente conocida con anterioridad a la calificación” y que Jacón no había explicitado qué tipo de interés legítimo trata de defender en este caso.

La sección sexta de la Audiencia provincial es la que acaba de levantar la media cautelar de cierre de la bodega. Esa decisión se ha recurrido por parte de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, que también ha recusado tres de los jueces de esa sección: Salvador Alba, Emilio Moya y Carlos Vielba.

Jacón y Jiménez de Asúa

Jacón sigue los pasos de la asociación Jiménez de Asúa, que se ha intentado personar en la mayoría de los casos de corrupción de Lanzarote. A ambas les une el mismo abogado, Juan David García Pazos, que a su vez fue abogado de Luis Léo, imputado en Unión, y ha sido el abogado del periodista Francisco Chavanel en la demanda que le interpuso el fiscal Ignacio Stampa por sus opiniones sobre el caso Unión.

Jiménez de Asúa fue expulsada de una de las piezas del caso Unión porque no tenían acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso ni habían trasladado su acta fundacional ni estaba claro su interés legítimo ni sus fines. Esa asociación se querelló contra el juez Pamparacuatro, pero la querella fue archivada y se les impuso una multa de mil euros por mala fe.

Jacón también recurrió la sentencia de un Juzgado de Arrecife que condenaba a dos meses de prisión a los promotores de unas obras ilegales en Bodega Suárez. La asociación llegaba a comparar el caso con el de Stratvs, a pesar de que hay una gran cantidad de elementos diferentes, destacando que en Stratvs se piden penas de hasta 21 años de cárcel, coincidiendo completamente en su planteamiento con el propietario de esta bodega.

También interpuso recursos contra los ayuntamientos de Tías, Tinajo, Yaiza y San Bartolomé por conceder licencias menores o por no aceptar las solicitudes de cierre de las mismas bodegas que habían sido denunciadas por un empresario afín a la propiedad de Stratvs.

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