La anulación por parte de los tribunales del decreto por el que el presidente Pedro San Ginés, apartó en 2010 al Director de la Oficina del PIO, Leopoldo Díaz, de elaborar informes sobre un hotel en Playa Blanca podría acarrear consecuencias indemnizatorias para la institución porque la sentencia ya no es ejecutable.

San Ginés decidió aceptar la recusación a Díaz en un procedimiento iniciado por la sociedad Urena Mountain que argumentaba que el jurista no era parcial por haber pertenecido al Patronato de la Fundación César Manrique y pedir ésta la ejecución de la sentencia anulatoria de la licencia otorgada a esa sociedad. Díaz, en todo caso, había abandonado la FCM en 2000, antes de que se iniciaran estos pleitos.

El presidente del Cabildo decidió apartar a Díaz el 22 de octubre de 2010 alegando seguridad jurídica y prudencia, que son dos razones que, según sostienen las fuentes jurídicas consultadas, no están previstas en la legislación.

San Ginés tomó la decisión siete días antes de que el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas pidiera al Cabildo que fuera otro técnico quien informara sobre ese hotel. Ahora otro Jugado ha declarado nula esa decisión del presidente. Son dos procedimientos distintos: uno es de ejecución de sentencia y otro es un procedimiento ordinario sobre una recusación.

La sentencia anulatoria de la recusación tiene trascendencia para los funcionarios, puesto que liga la figura de la recusación al artículo 103 de la Constitución y a su mandato de que las administraciones públicas deben servir con objetividad a los intereses generales. La recusación supondría un límite al ejercicio del derecho a ejercer ese cargo, que está garantizado en el artículo 23 de la Constitución, que dice que el funcionario tiene derecho a mantenerse en su cargo sin perturbaciones ilegítimas.

Trayectoria

Díaz entró a trabajar en el Cabildo en 1990 bajo la presidencia de Nicolás de Páiz (CDS) para desempeñar en comisión de servicio la plaza de asistencia a municipios con adscripción a la Oficina del PIO. En noviembre de 1991 consigue la plaza mediante concurso nacional.

En 1995 le nombra director de la Oficina del PIO el entonces presidente Juan Carlos Becerra (CC) con una resolución motivada que señalaba que Díaz era el funcionario de ese departamento más idóneo por su condición de “funcionario de habilitación nacional con plaza en este Cabildo, por su titulación superior y gran experiencia”.