La acusación particular en el caso Stratvs, ejercida por la familia Negrín, que es propietaria de una parte de los terrenos donde se ubica la bodega, ha solicitado al Consejo insular de aguas de Lanzarote que suspenda la tramitación del expediente para instalar una depuradora en esa bodega para evitar daños y perjuicios de cualquier tipo.

La representación legal de la familia presentó el pasado viernes un escrito ante el Consejo advirtiendo de que si se concede la autorización que ha solicitado el propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, se podría dar una prevaricación administrativa “ante la falta de los requisitos necesarios para otorgar esa autorización”.

Según indican, entre la documentación que requiere habitualmente el Consejo insular de aguas para autorizar una depuradora se encuentra la obligación de que el solicitante acredite la titularidad de los terrenos, instalaciones o bienes inmuebles en los que pretende instalar la planta, argumenta la acusación.

En este caso, la acusación particular entiende que en “una tramitación tan urgente”, cuya urgencia no se aplica “en cualquier otro expediente”, no se ha tenido en cuenta que ni BTL, la propietaria de la bodega, ni Juan Francisco Rosa son los titulares de la finca registral 3630 del Registro de la propiedad de Tías, que es la finca sobre la que se asienta Stratvs, como acredita una nota simple del Registro.

Rosa no habría demostrado ante la Administración, a pesar de que es un requisito previo para atender las solicitudes, que es propietario de esos terrenos, no ya de los que pertenecerían a esta familia sino de ninguna parte del suelo.

La finca original, que pertenecía al arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas, habría sido vendida a Rosa mediante contrato privado. En esos terrenos había una comunidad pro-indiviso y el empresario lanzaroteño habría llevado a cabo una división de cosa común. Este hecho fue impugnado en un Juzgado de primera instancia de Arrecife por otros tres propietarios diferentes de la finca matriz al ejercer su derecho de retracto, que es un derecho de adquisición preferente que tienen los propietarios de las tierras colindantes cuando se vende una finca a un tercero.

Para ello, para hacerse con los terrenos que adquirió Rosa, han tenido que depositar en el Juzgado una cantidad superior a los 100.000 euros. No obstante, ese procedimiento también está suspendido hasta que se resuelva el procedimiento penal sobre la Bodega Stratvs. Para que el Consejo insular de aguas pueda autorizar, o incluso para poder solicitar la instalación de esa depuradora, sería necesario el permiso de la comunidad pro-indiviso que existe en esos terrenos. Ese permiso no se ha solicitado por parte de Rosa o BTL y tampoco se ha requerido por parte del Consejo insular de aguas. La acusación particular solicita que se suspenda el expediente “ante posibles responsabilidades e irregularidades en la tramitación de la autorización”.

El resto de propietarios de los terrenos han ejercido el derecho de retracto sobre la compra de la finca y además tendrían que autorizar la posible instalación de una depuradora, pero no se les ha consultado

Hay que recordar que la Audiencia provincial de Las Palmas emitió un auto a principios de año por el que levantaba la medida cautelar de clausura de la bodega. Esa medida se ha suspendido ya que el auto lo han recurrido tanto Transparencia Urbanística como la Fiscalía.

Rosa solicitó al Consejo insular de aguas una autorización para instalar una depuradora, y presentó el auto que levantaba la medida cautelar. Sólo un día después, el Consejo insular de aguas emitió un informe que concluye que la documentación presentada por BTL Lanzarote “es conforme con los mínimos previstos por la legislación vigente”: el proyecto de la depuradora, un estudio hidrogeológico y la declaración de vertido, y que por tanto, decidía continuar con la tramitación de la depuradora, que se había pedido en octubre del año pasado.

Por su parte, Podemos ha solicitado la comparecencia del gerente del Consejo, Erik Martín, “para que dé explicaciones sobre la tramitación” ante lo que consideran “un nuevo trato de favor concedido al empresario Juan Francisco Rosa”. Desde el Cabildo de Lanzarote se sostiene que la tramitación se ha ajustado a la legalidad.

Se adhieren a la recusación

Por otra parte, la misma acusación particular se ha adherido a la solicitud de Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, de recusación de los tres magistrados miembros de la sección sexta de la Audiencia provincial de Las Palmas, Carlos Vielba, Salvador Alba y Emilio Moya.

Se suma a esa petición por los mismos motivos, ya que considera que la Sala, que tendrá que juzgar el caso, ha entrado ya en el fondo del asunto, y por lo tanto estaría ‘contaminada’, al levantar las medidas cautelares con un auto aceptando como pruebas unos informes periciales encargados por la propiedad de la bodega, en los que se asegura que no existe red hídrica que se pueda contaminar en el subsuelo de Stratvs. Esto afectaría al fondo del asunto, ya que si no hay red hídrica no podría existir delito medioambiental, que es uno de los delitos que se investiga en el procedimiento.