En el banquillo del Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife se sentarán los próximos 16, 17, 23 y 24 de noviembre dos acusados por el caso de La Bufona. Estas son las claves de un caso que se ha prolongado durante 16 años:

1. A quién se juzga, cuándo y por qué

Uno de los acusados es el promotor de la urbanización La Bufona, y arquitecto, Federico Echevarría, vinculado a tres planes parciales en suelo protegido en Almería y al plan parcial Maneje Sector V en Arrecife. También fue socio del testaferro de Luis Roldán.

El otro acusado es el constructor Antonio Caro. A ambos, la Fiscalía les pide cuatro años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio, incumplimiento de precinto, falsedad en documento público o estafa.

En cambio, la acusación particular eleva a 11 años la petición de condena para Echevarría y hasta 15 para Caro, al considerarles también responsables de delitos de falsedad en documento público y de estafa.

2. La planificación

El plan parcial La Bufona es la parte más cercana a Arrecife, al lado de la zona interior de El Cable, a la derecha de la carretera del Sur dirección al aeropuerto. Se aprobó en 1981 para construir más de 50 chalés adosados, pero no se desarrolló, y a finales de los noventa se aprueba una modificación, con el informe negativo del Servicio de carreteras, para construir 24 casas unifamiliares, pero se acaban construyendo 52, ocupando suelo rústico que no les pertenecía y suelo urbano también de la familia Murillo.

3. Los inicios del caso

El Seprona denuncia en 1999 los movimientos de tierras porque afectaban a suelo rústico de protección de jable, y se abren diligencias judiciales, que se pierden. Se vuelven a abrir en el año 2000, y este el procedimiento que se va a juzgar este mes. Manuela Armas, como alcaldesa de Arrecife ordena el precinto de las obras pero ese precinto se levanta bajo el mandato de Isabel Déniz.

4. El resultado

El Tribunal Supremo acaba anulando el planeamiento señalando que nunca debió haberse ejecutado porque no tenían el suelo mínimo necesario. La Agencia de protección del medio urbano y natural, en 2008, ordenó la demolición parcial de 14 casas, las que están más al Norte y asegura que tienen más superficie de la autorizada y que las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación, cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

Urbanización de La Bufona, con la parte construida al norte en suelo rústico.

5. Las irregularidades

Los promotores no hicieron las cesiones obligatorias, tampoco hicieron el acceso por carretera y aumentaron la edificabilidad y la superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística.

Además vendieron un solar a unos supermercados, que debían haber cedido. Las casas son más grandes en la realidad que en los papeles, tanto en las licencias como en el Registro de la propiedad, donde figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200.

Tampoco pagaron el IBI durante ocho años, y en 2008, la Dirección provincial del catastro cambió la titularidad a su favor sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia al legítimo propietario, aunque esto provocó la destitución fulminante del Director.

6. ¿Quién se libró del juicio?

Durante el proceso hubo cinco imputados. Uno de ellos fue Francisco Carmona, que también era promotor y encargado del catastro en el Ayuntamiento. Falleció. También estuvieron imputados Isabel Déniz, por levantar el precinto, y el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, que firmó las licencias de las casas. Se archivó la causa contra ambos.

7. ¿Quién denunció?

La familia Murillo, residentes en Gran Canaria, son los propietarios de los terrenos usurpados y han denunciado por la vía civil, penal y administrativa todo el proceso de planificación y construcción. En 2003, Gonzalo Murillo escribió un artículo en La Voz de Lanzarote denunciando los hechos y quejándose de que el proceso penal estaba paralizado. El fiscal Miguel Pallarés, propietario de una de las casas con orden de derribo, le puso una querella por injurias y calumnias y atentar contra su honor. Murillo perdió el juicio y tuvo que pagar 15.000 euros.

Entre los procedimientos y el pago de los impuestos de los terrenos que no pueden disfrutar, la familia se ha gastado en estos quince años unos 600.000 euros. Pallarés también denunció dos veces a Carlos Meca, actual consejero de Podemos, por sus viñetas en El Agitador. Meca ha perdido ambas causas y fue condenado a pagar 35.000 euros aunque cabe recurso.

8. Otros protagonistas

Entre los propietarios de las casas, además del fiscal Pallares, está la presidenta insular del PP Astrid Pérez y el notario Celestino Mendizábal. Los propietarios no han denunciado a los promotores, a pesar de los problemas que les han generado y de que les responsabilizan, al igual que la Apmun, de haber ampliado ellos las casas después de que fueran entregadas.

En lugar de denunciar han contratado como abogada a la hija de Fernández Camero que fue quien firmó las licencias anuladas y que es tío carnal de la mujer del fiscal Pallarés. Además, ese mismo despacho era el que había contratado la promotora de la urbanización, Brisa Inversiones.