El presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que juzga la pieza del caso Unión, ha señalado al inicio de la sesión de la tarde de este jueves que no había motivos para suspender el juicio.

Argumentó la decisión, rechazando lo que pedían las defensas de la mayoría de los imputados, porque considera que no hay que esperar a que se resuelva la denuncia del robo de autos ni porque las defensas no hayan tenido tiempo para comprobar las piezas de convicción.

“Ha habido acceso a las piezas”, dijo el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial. El fiscal Javier Ródenas había rechazado suspender el juicio y se opuso a los motivos de nulidad del proceso esgrimidos por las defensas.

No obstante, Moya deslizó una crítica a la instrucción diciendo que “el Juzgado de Instrucción en este procedimiento no es un modelo a seguir”, pero que todos los motivos de nulidad alegados por las defensas se resolverán en la sentencia, aunque sólo las que tienen relación directa con esta pieza, no con todo el caso Unión.

Por otra parte, la defensa de Plácida Guerra ha renunciado al testimonio de cuatro trabajadores de Inalsa en su etapa como consejera delegada: Pilar Martínez Somoza, Lucía Gil Betancort, Juan Antonio Morales Martín y Gregorio Marcial Martín Espinosa.

Además, la Fiscalía ha pedido que testifiquen dos funcionarios más del Ayuntamiento de Arrecife y la defensa de Dimas Martín ha llamado como testigos a Antonio Machín y Amor Castañeyra, que fueron concejales del PIL en Arrecife, el primero imputado también en el caso Unión.