El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias administrativas y de funcionamiento en los servicios de producción y distribución de agua potable de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, cuyas redes registraron pérdidas valoradas en 140,7 millones de euros entre 2007 y 2011.

Así se asegura en los informes de fiscalización de la prestación de este servicio en estas islas durante el citado período aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas, órgano que destaca que en Lanzarote se perdió en esos cinco años el 46 por ciento del agua producida, lo que representó un coste de 83,5 millones de euros.

A esa cuantía hay que añadir los 33,2 millones de euros que supusieron las pérdidas de agua detectadas en Fuerteventura por parte de las distintas entidades que gestionan este servicio y los entre dos y 24 millones que han podido costar las pérdidas registradas en Tenerife.

Las pérdidas detectadas en esta última isla se han calculado "por diferencia", ya que los gestores "no llevaban control sobre las existencias de agua ni sobre las pérdidas", asegura el Tribunal de Cuentas en un comunicado difundido este miércoles.

En el ámbito de la producción de agua potable, en Lanzarote el Tribunal de Cuentas destaca la existencia de incidencias en los expedientes de contratación, como el hecho de que no figuren informes que justifiquen la inversión, "la falta de criterios de adjudicación" o "la tramitación de algunos contratos por el procedimiento de emergencia sin que concurrieran las circunstancias establecidas en la normativa de contratación".

En Fuerteventura el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre "la introducción de unidades de obra nuevas y reformas sin la adopción del correspondiente acuerdo por el órgano de contratación y sin la modificación del contrato original, la realización de modificaciones sin que concurrieran las causas legalmente previstas y la existencia de un contrato celebrado de forma verbal".

En esta misma isla, el informe añade que en 2011 estaban en funcionamiento seis infraestructuras hidráulicas cuyo título habilitante había expirado y cuestiona el control que el Consejo Insular de Agua realiza sobre los recursos hidráulicos, habida cuenta de que "no aportó información sobre la captación de agua subterránea o sobre el aprovechamiento de la superficial".

En algunas contrataciones de infraestructuras hidráulicas realizadas en Tenerife entre 2007 y 2011, el Tribunal de Cuentas resalta "la utilización del procedimiento de urgencia o emergencia sin que hubiera una motivación o sin que concurrieran las circunstancias dispuestas por la normativa".

A ello se suma "la fijación de criterios de adjudicación que no favorecieron el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, la realización de modificaciones sin que tuvieran lugar las causas legales y la omisión, en el expediente de contratación, del informe de justificación de la necesidad de la inversión".

Plan Hidrológico, pendiente desde 2009

El Tribunal de Cuentas recuerda que los consejos insulares de agua de estas islas debían haber aprobado antes de 2009 un nuevo plan hidrológico adaptado a la Directiva Marco del Agua, algo que sólo ha hecho el de Tenerife, mientras que los de Lanzarote y Fuerteventura no han constituido un registro y un catálogo de aguas en los que han de figurar todas sus infraestructuras hidráulicas y los derechos de aprovechamiento.

El Tribunal de Cuentas recomienda impulsar en estas islas planes globales de inversiones para la mejora de los sistemas de almacenamiento y redes de distribución de agua que persigan la reducción del porcentaje de pérdidas de agua.

De igual forma, el órgano fiscalizador aboga por promover ante la administración autonómica canaria el establecimiento de criterios para la fijación de precios en materia de aguas, lo que permitiría "determinar el precio máximo o de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebren en las islas y su transporte entre los diferentes puntos del territorio" y contribuir así con "una mayor estabilidad y economía en los precios".