El arquitecto técnico que hizo el primer informe sobre las irregularidades de La Bufona en marzo del año 2000 declaró durante el último día del juicio que le apartaron del expediente por hacer ese informe. "Al Director General de la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) lo separaron de su cargo y a mí me apartaron totalmente", señaló en dos ocasiones durante su declaración.

"Yo fui el que descubrí un poco la historia", dijo Cáceres, ya jubilado. En marzo de 2000, cuando aún no se habían entregado las casas, y tras la denuncia de la familia Murillo, realizó un informe relatando las irregularidades de la urbanización y solicitó que se hiciera una revisión de oficio de la aprobación de la Modificación puntual del plan parcial. La revisión se hizo pero se dejó caducar.

Según Cáceres, la urbanización incumple el plan parcial antiguo y también la Modificación, así como la Ley del Suelo y el Plan General de Arrecife. Señaló que si se modifican las parcelas hay que revisar el plan y que las casas y sus densidades incumplían también los parámetros de espacios libres. "Si se modifica la densidad de un sector eso afecta al planeamiento de toda la ciudad", señaló.

Tras su informe, pidió a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) que verificara sobre el terreno las irregularidades y fue entonces cuando le apartaron de ese expediente y destituyeron a su superior. También aseguró que la Modificación del plan parcial se refería sólo a la tipología de las casas, no al número, pero que tampoco se respetó la nueva tipología.

“Se está dañando el patrimonio municipal”

Según este aparejador, la Modificación que se hizo en el plan era sustancial, no puntual. "El plan parcial tenía que tener una merma del 17 por ciento", dijo, pero no se hicieron ni las cesiones ni los accesos ni los aparcamientos. "No se hizo nada y así se está dañando al patrimonio municipal".

Aseguró que, desde el momento que hay una denuncia, como es el caso, se debe ir a un sistema de beneficios y cargas y que había que haber integrado como propietarios al Ayuntamiento, al Servicio de Carreteras del Gobierno y a la familia Murillo.