La principal pieza del caso Unión ya está casi lista para juzgarse. De los imputados iniciales, una veintena no se sentará en el banquillo. La Fiscalía acusa a 14 personas, a cuatro de ellas de formar una asociación ilícita entre 2007 y 2009: Dimas Martín, Matías Curbelo, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, todos miembros del PIL.

Al ex concejal Antonio Machín no se le incluye en esa lista porque se incorporó más tarde al cobro de comisiones. Hay, además, tres funcionarios y seis empresarios. El escrito de acusación recoge casi todos los delitos contra la Administración pública que se pueden cometer: cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, revelación de información privilegiada, malversación, prevaricación, financiación irregular.

Las penas

La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada pide la mayor pena a Dimas Martín: 17 años y medio de prisión. Para Ubaldo Becerra, otros 17 años; y 14 años y medio para Antonio Machín. A Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez les piden sólo un año y cuatro meses, y cuatro años y siete meses, respectivamente, por colaborar con la Justicia, confesar, y en el caso de Rodríguez, devolver una pare del dinero defraudado. Al interventor Carlos Sáenz le piden más de siete años, y los funcionarios Elena Martín, hija de Dimas, y Rafael Arrocha, cuatro años a cada uno.

El empresario y funcionario Antonio Cárdenas se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel y Juan Francisco Rosa a dos años y tres meses. A Samuel Lemes le piden cinco años de cárcel y a los otros tres empresarios, que confesaron, Antonio Gómez, Manuel Reina y Jesús Manuel Martín Brito, les piden, un año, cuatro años y cuatro meses y 15 meses, respectivamente. También se solicitan multas entre los 100.000 y los 400.000 euros.

Los arrepentidos

¿Por qué está tan claro el caso? En primer lugar, porque nace del pago -vigilado por la UCO, tras la denuncia de José Antonio Castellano- de una comisión de éste a Matías Curbelo de 95.000 euros para que el Ayuntamiento le pagara una deuda de 1,3 millones. En segundo lugar, porque se encontraron una gran cantidad de pruebas en los registros de los domicilios y oficinas, y en tercer lugar, porque hasta seis personas, de los 14 imputados, han confesado.

Lo defraudado

Son 145.000 euros, según la Fiscalía, aunque no quiere decir que sólo se haya defraudado eso, sino que es lo que se ha podido demostrar. En tres casos se ha demostrado ese quebranto porque se pagó varias veces por los mismos trabajos y en otro, porque se infló la factura, cobrando unos materiales pero instalando otros. Por el descontrol en los expedientes, que se adjudicaron a dedo, por la ausencia de proyecto de obra y porque nadie fiscalizaba los expedientes ni las obras que se hacían, no hay elementos para saber si las obras se realizaron finalmente y si el precio estaba o no por encima del precio de mercado.

El modus operandi

Se escogía a los empresarios por afinidad y para poder cobrar comisión. Se fraccionaban las obras para no hacer concurso público y después se pedía la comisión. También se pedía que se pagara en varios plazos para “fidelizar” al empresario. El que dejaba de pagar no volvía a ser contratado.

Tanto en el departamento de Contratación como en la Oficina técnica y en Intervención se hacía la vista gorda a pesar de las irregularidades en los expedientes. Además, para simular que se hacían bien, se hacía firmar a técnicos que eran auxiliares administrativos, y sin identificar para dar apariencia de legalidad a los expedientes.

Antonio Gómez

Hijo de una concejal del PSOE de Las Palmas. Se le adjudicaron 300.000 euros en tres expedientes para comprar flores de Pascua (37.000), proyectos de arbolado en el Parque temático y Avenida de El Reducto (166.000) y arbolado entre la rotonda del Juzgado y San Francisco Javier (45.000). Pagó 20.000 euros en comisiones a Ubaldo Becerra. Para el proyecto de arbolado presentó tres ofertas con tres empresas distintas, todas suyas. Devolvió 33.000 euros, porque el arbolado de San Francisco Javier costó cuatro veces menos de lo que cobró.

Samuel Lemes

No ha confesado ni devuelto dinero. Le adjudicaron obras por valor de casi 100.000 euros. Tenía amistad con Dimas Martín. Le adjudicaron la demolición de una casa en la calle Balayo, la demolición del vallado de La Rocar, cuando ya se había adjudicado ese trabajo a otra empresa, y la impermeabilización de la Oficina técnica municipal, en el mismo caso.

Se embolsó 24.000 euros de más porque en la obra de acondicionamiento del Centro sociocultural de San Francisco Javier presentó dos ofertas: una de 52.000 euros empleando madera y otra de 28.000 con estructuras metálicas. Ejecutó la barata y cobró la cara, según el fiscal.

Manuel Reina Fabre

Le adjudicaron 84.000 euros y pagó 4.000 como comisión a Rodríguez en su despacho. Devolvió 9.600 euros porque el adecentamiento de la fuente del Parque de los pinos ya lo había hecho otra empresa, y también lo cobró él. El arreglo del balneario de El Reducto que son unos baños y poco más, costó 33.000 euros.

J.M. Martín Brito

Le adjudicaron casi 1,2 millones en más de 65 contratos cuando no había trabajado antes para el Ayuntamiento. Por el arreglo de los zaguanes de una calle cobró cinco veces por el mismo trabajo, casi 20.000 euros cada vez. También hizo obras en el Parque viejo, en el polideportivo de Argana y colocó las esculturas con el nombre de los barrios, por 76.000 euros. Las obras de adecentamiento de la Pescadería municipal las hizo por 300.000 euros en once expedientes distintos. Ahora hay un solo puesto de pescado. Pagó 100.000 euros en cinco pagos a Rodríguez en su propio despacho del Ayuntamiento. Devolvió 50.000 euros.