Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) fue un importante jurista y profesor de Derecho penal. También fue político. Estuvo confinado por Primo de Rivera en las Islas Chafarinas, militó en el Partido Socialista durante la Segunda República, fue diputado en las Cortes y presidió la comisión parlamentaria encargada de elaborar la Constitución republicana de 1931. Al finalizar la Guerra civil se exilió a Argentina, donde murió.

Dos abogados y un asesor de Gran Canaria, Juan Alberto Rubio Ortega, Luis Gómez Cantero y José Luis Benítez García, decidieron el 5 de julio del año pasado fundar una asociación de juristas y ponerle el nombre de Jiménez de Asúa. Los dos primeros colaboran en una sección en sendas emisoras de radio, 7.7 y Radio Faycán, y el tercero fue el abogado defensor de Suárez Gil, el ex presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Con el primero, Rubio Ortega, a pesar de numerosos intentos y de mensajes de correo electrónico, ha sido imposible contactar. Por su parte, Benítez asegura que ya ha pedido que le saquen de esa asociación. “No tengo nada que ver y ni se quién la compone”, señaló por teléfono este abogado, antes de colgar. Su nombre, sin embargo, aparece en el acta fundacional de la asociación junto a los otros dos como socios fundadores.

En nombre de esta asociación han solicitado la personación como acusación popular en casi todas las piezas del caso Unión, incluido el presunto robo de autos, pero también en los expedientes administrativos del proceso de regularización o derribo de los hoteles ilegales de Playa Blanca, en el contrato con el redactor del Plan General de Yaiza, Jorge Coderch, en la pieza que investiga los pagos del Cabildo de Lanzarote al abogado Ignacio Calatayud, en la que hace lo mismo con lo que cobró de Yaiza su suegro, el abogado Felipe Fernández Camero...

La fiebre de personaciones les llevó a presentarse incluso en la pieza de la Marina de Naos que ya estaba archivada. Eso sí, se dieron prisa en hacerlo, porque el acta fundacional de la asociación es de 5 de julio de 2015 y la personación en la operación Jable se hizo cuatro días después, bajo la dirección letrada de Juan David García Pazos, que es uno de los abogados que más aparece en los papeles de Jiménez de Asúa. En un principio había otro abogado que se personaba en su nombre, Roberto Orive Montesdeoca, que se presentó al Decanato de los abogados de Gran Canaria, pero que decidió renunciar antes de llevar a cabo ninguna instancia.

Las asociaciones recién creadas Jacón y Jiménez de Asúa quieren ejercer la acusación popular en los casos Unión y Stratvs con idéntica estrategia que los principales imputados

De momento, a pesar de actuar como acusación popular, no han dado ninguna explicación pública, no han presentado ningún tipo de documentación ni han acusado a nadie. A nadie de los imputados, porque sí se han querellado contra los que investigaron los casos. Se han presentado en la mayoría de las piezas cuando la instrucción casi había terminado y han recusado a la juez instructora de Unión, Silvia Muñoz. Tanto esa recusación como la querella contra Pamparacuatro les ha salido mal. La querella no se la han estimado y, por la recusación, la Audiencia Provincial les pone una multa de mil euros y les acusa de mala fe.

Lo que sí han hecho es ir subsanando todas las cuestiones legales para que se les admita ejercer la acusación. Al principio, la juez Muñoz no les permitió la personación porque ni habían trasladado su acta fundacional ni estaban claros su interés legítimo ni sus fines. Incluso se cambiaron de nombre. Pasaron de llamarse 'Jiménez de Asúa para la defensa de la legalidad y la justicia' a sustituir ‘la justicia’ por 'las garantías del proceso'.

En uno de los casos, en los que ya había una acusación popular, como Transparencia Urbanística, pedían que se anulara el auto de apertura de juicio oral, lo que retrasaría todo el caso y la celebración de juicio.

La Fiscalía dijo sobre su personación que “si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece, pero la Audiencia después les dejó personarse, y entonces la asociación recusó a la juez Muñoz, algo que no aceptó la Audiencia, que afirmó que su único fin, con esta recusación “ha sido el de tratar de apartar de la causa a la instructora para dilatar su tramitación”. Una dilación, añadía, que “incluso se logra” con el “mero hecho” de plantear una recusación “sin fundamento”.

También les recordaba que habían tenido casi ocho años para constituirse y personarse desde que se inició la investigación y les reprochaba que podían buscar sólo retrasar el proceso o conseguir dilaciones indebidas, ya que sólo presentaron “meras alegaciones formales carentes de cualquier mínimo sustento en datos objetivos”. Las dilaciones indebidas son un atenuante que, en caso de condena, favorece a los que se sientan en el banquillo.

Los pasos de esta asociación siguen a los que ya dio en el caso Unión Luis Lleó, que hizo casi lo mismo antes que ellos: recurrir, recusar o querellarse contra los impulsores de la investigación. El abogado García Pazos es una conexión clara entre ambos, porque representó a Lleó en una vista en el caso Unión y representa a la asociación.

Se han querido personar en la regularización de los hoteles de Playa Blanca y el Ayuntamiento les responde que hay “dudas razonables y fundadas respecto a las verdaderas intenciones”

Este abogado también conecta la actividad de esta asociación con otra que podría considerarse hermana: la asociación ecologista Jacón, también recién creada y a la que tampoco se le conoce ninguna otra actividad. En ella figuran como directivos Pedro Escudero, que es agente inmobiliario y administrador de una sociedad llamada Aguas de Telde y José Antonio Pérez de Amézaga Esteban, doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Las Palmas.

En el mundo del ecologismo, nadie les conoce ninguna actividad anterior. Amézaga no ha contestado a los correos enviados por este periódico y Escudero no quiso hacer ninguna declaración al respecto. Por su parte, García Pazos ya había hecho un intento de personarse en el caso Stratvs, una bodega sobre la que gira toda la actividad de la asociación, ya que se personó como acusación con la asociación ecologista Agonane, que después decidió renunciar porque se sintió engañada por este abogado. Tanto Jacón como Jiménez de Asúa están radicadas en Gran Canaria pero su actividad se limita a los casos de corrupción de Lanzarote.

Con Jacón pasa lo mismo que con Jiménez de Asúa. La juez Silvia Muñoz consideraba en un auto que tras su petición de personación en el caso Stratvs hay un “fraude procesal” y que usan la acusación popular de modo torticero, “desdibujando los límites para los que fue concebida”. También encuentra un vínculo entre ambas asociaciones porque asegura que “parecen coincidir también las firmas” que aparecen en los recursos tanto de una asociación como de otra “pese a que no actúan con la misma dirección letrada ni obran firmados por sustitución”. La solicitud de personación también es idéntica en ambos casos.

Jacón también recurrió una sentencia que condenaba a dos meses de prisión a los promotores de unas obras ilegales en Bodega Suárez, y aprovecharon para compararla con el caso Stratvs, destacando que en ese caso se piden penas de hasta 21 años de cárcel, un argumento que coincide completamente con los argumentos que se ventilan a diario en el grupo de comunicación del propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa. También pidieron el cierre cautelar de cinco bodegas, y pusieron recursos contra los Ayuntamiento de Tías, Tinajo, Yaiza y San Bartolomé por conceder licencias menores o por no aceptar las solicitudes de cierre de esas bodegas. Las mismas bodegas que habían sido denunciadas por un empresario afín a la propiedad de Stratvs.

La Audiencia ya les ha condenado a una multa por “mala fe” al recusar a la juez instructora de Unión, y no les ha admitido a trámite una querella contra el juez Pamparacuatro

Las coincidencias también se extienden a Jiménez de Asúa, que se ha querido personar en los expedientes administrativos del proceso de obtención de licencia de los hoteles ilegales de Playa Blanca, pero también en todos aquellos procedimientos en suelo urbano no consolidado en los planes parciales de Castillo del Águila, Playa Blanca y Montaña Roja e incluso en el contrato que se hizo al redactor del Plan General, Jorge Coderch, que había sido antes recusado por el propio Rosa para que no informara sobre sus hoteles. Yaiza no les permite la personación y les dice que no concretan en un grado “mínimamente razonable” los intereses que desean proteger.

Además habla de “dudas razonables y fundadas respecto a las verdaderas intenciones de la asociación” ya que no se han personado ni en lo que afecta al suelo urbanizable en el acceso a Playa Blanca ni al plan parcial Costa Papagayo. En el primer suelo tiene intereses Luis Lleó y en el segundo Rosa. Para rematar, el Ayuntamiento de Yaiza les cuestiona que su ánimo defensor por la legalidad urbanística “nazca a la par” que las resoluciones municipales declarando ilegalizables los dos hoteles de Rosa, el Princesa Yaiza y el Son Bou.