El Grupo Popular en el Cabildo de Lanzarote ha formalizado finalmente sus alegaciones a las bases de la convocatoria para la selección y nombramiento de personal funcionario interino para el órgano de Gestión Tributaria de la corporación insular al entender que las mismas vulneran la legislación vigente.

Los populares se cuestionan dos aspectos que consideran esenciales como son el que no se reservan plazas para personas con discapacidad y que se excluya expresamente de la convocatoria a los funcionarios de carrera e interinos, aspecto este último contrario a lo que se había planteado en las reuniones informativas previas a la constitución de la Red Tributaria Insular.

El portavoz en el Cabildo, Ángel Vázquez, sostiene que CC y PSOE tenían que haber optado por unas oposiciones avaladas por Función Pública con el fin de dar seguridad jurídica a todos los participante y donde primase en todo momento los méritos y las capacidades.

"En lugar de eso, el equipo de gobierno ha optado por una convocatoria a la vieja usanza, a lo que están acostumbrados CC y el Partido Socialista; una convocatoria confusa, engañosa, en la que no hay examen, abierta a la valoración subjetiva y absolutamente discrecional", denuncia Vázquez.

"Respecto a las cuestiones legales, lo que el Partido Popular defiende en la primera de las alegaciones es la inclusión de porcentaje que la Ley establece para las personas con discapacidad dentro de las convocatorias de empleo público y que consideramos debe ser de estricto cumplimiento, por legalidad y por convencimiento de que es necesario para luchar contra la discriminación y las barreras que aún existen para acceder al empleo", señala el portavoz en el Cabildo, Ángel Vázquez.

Según el Art. 59.1 Del Real Decreto 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que "se reservará un cupo no inferior al 7 ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, señalando que "la reserva del mínimo del 7 por ciento se realizará de manera que, al menos el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto (5 por ciento) lo sea por personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad".

"El grupo de gobierno CC y PSOE no ha tenido en cuenta este aspecto que consideramos muy grave porque hablamos de colectivos especialmente vulnerables a los que la administración debe garantizar la igualdad de oportunidades", destaca Vázquez.

Del mismo modo los populares argumentan que las bases vulneran el artículo 103.3 de la Constitución en cuanto que excluyen a los funcionarios de la convocatoria, "impidiendo con ello que puedan optar a posibles traslados o mejora de categoría y limitando por tanto el desarrollo de su carrera profesional", argumenta el portavoz del PP.