El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un nuevo expediente al juez Rafael, Lis, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife. A Lis, que actualmente está de baja médica, ya se le abrió un expediente disciplinario el año pasado por una causa relacionada con uno de los principales imputados en el caso Unión, Luis Lleó. El nuevo expediente también está relacionado con este empresario.

Lis tendrá que declarar por este expediente ante el CGPJ este 4 de mayo por una posible falta muy grave. El acuerdo del Consejo señala que la posible falta está relacionada con la “desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas”.

El juez, en noviembre de 2014, dictó un auto, dentro del procedimiento que investigaba el posible robo o extravío de autos del sumario de Unión, que no podía dictar. Desde el 3 de noviembre de 2014, Lis se encontraba dentro de esa causa con un incidente de recusación (que después fue estimado) por haber permitido que se personaran como perjudicados varios imputados del caso Unión, entre los que estaban Lleó y Juan Francisco Rosa, cuya abogada en otro procedimiento era la mujer de Lis, Margarita Alejo. Por ese motivo, el juez fue apartado de la causa por parte de la Audiencia provincial de Las Palmas.

A esa investigación, que entonces se encontraba secreta, se había añadido una ampliación de denuncia presentada por Luis Lleó, que es la que da origen ahora al nuevo expediente. Lleó denunciaba a dos miembros de la UCO de la Guardia Civil que instruyeron Unión y al que fue secretario del Juzgado número 5, José Ramón Vera. Antes ya había denunciado al fiscal y al primer juez instructor (pero no se admitió a trámite) para intentar que se anulara alguna de las actuaciones de ese caso en el que le piden seis años de prisión por intentar sobornar a un consejero del Cabildo de Lanzarote.

Lis habría dictado un auto cuando ya no tenía competencia sobre la causa porque se debía haber abstenido antes, y en ese auto ordenaba extraer del procedimiento la ampliación de denuncia presentada por Lléo y enviarla a Decanato para su reparto. En teoría esa denuncia cayó de nuevo, por reparto, en el Juzgado de Lis, y se crean las diligencias previas 4062/14.

La cuestión es que ni la denuncia inicial ni esa orden de reparto, según el CGPJ, pasaron por el Decanato, según certifica su secretario. Esa causa se repartió el 24 de noviembre, con sello de entrada en Decanato pero sin número de registro. Tarda ocho días en llegar al Juzgado y tiene el número 4062, cuando las causas que se repartieron ese día, que en teoría son posteriores, tienen un número de diligencias menor.

La denuncia inicial, de 31 de octubre, tampoco habría pasado por el Decanato, así que se habría presentado directamente al Juzgado de Lis, que la incorporó a la denuncia ya existente. Sin embargo Lleó, cuando impugna la recusación de Lis, asegura que la información sobre en qué Juzgado estaban esas diligencias abiertas (y secretas) la obtuvo del Decanato. Lleó presenta en ese procedimiento, que la propia Fiscalía desconocía, varios escritos con informaciones que en teoría no podía conocer.

Este es el segundo expediente que el CGPJ abre a Lis por un caso relacionado con Lleó. El anterior se abrió el año pasado por una presunta falta de “desatención” o “retraso injustificado” al mantener paralizadas unas diligencias previas durante algo más de dos años, que nacieron de una denuncia dirigida por alzamiento de bienes contra Luis Lleó. El CGPJ señalaba en ese expediente que el caso, que nació en 2010, había sufrido una paralización desde abril de 2013, y que Lis, que llegó al Juzgado en junio de ese año, no había hecho ni una sola diligencia hasta dos años después a pesar de que la denunciante presentó numerosos escritos solicitando “impulso procesal” y realizó “múltiples llamadas” al Juzgado para que se activara su procedimiento.

Acusaciones de Fiscalía

La Fiscalía de Las Palmas ha llegado a acusar al juez Lis de falta de imparcialidad en la denuncia presentada por Lleó contra los instructores de Unión. En uno de sus escritos, la Fiscalía dice que la instrucción del juez “adolece de un sesgo claro a favor del denunciante (Lleó) y ha sido llevada a cabo a espaldas tanto del Ministerio Fiscal como de los propios denunciados”. También destacaba la Fiscalía que Lis había incumplido el mandato de apartarse de esa causa y había extraído la denuncia de Lleó para poder tramitarla como un caso aparte.

“Nos encontraríamos ante la vulneración de un precepto legal para instruir un procedimiento paralelo a espaldas de las partes y en beneficio y clara toma de postura de uno de los denunciantes”, subrayaba la Fiscalía, que revelaba numerosas irregularidades por parte del juez, asegurando que su proceder era “inaudito” y rozaba “los límites de lo grosero”.

“Roza los límites de lo grosero”

La Fiscalía revela en su escrito numerosas irregularidades en la instrucción de Lis de la denuncia de Lleó contra los agentes de la UCO, como que el juez debió haberse apartado, que comunicaba sus resoluciones a Lleó, y sólo a él, a pesar de que no estaba oficialmente personado o que le admitiera una serie de diligencias de investigación que ya estaban resueltas en el caso Unión.

Llega a decir la Fiscalía que el modo de razonar del magistrado “es inaudito y roza los límites de lo grosero”. Además de estos hechos hay alguna similitud con esta otra denuncia. En ambos casos, el secretario judicial ante la tardanza o paralización de las causas, cuando se le pregunta, señala que el expediente está “en la mesa de su señoría a la espera de la resolución a adoptar”.

En el primer caso, que nace de la denuncia de Pamparacuatro por el robo de autos en Unión a la que luego se suma Lleó, el juez había incoado diligencias en enero pero no lo había comunicado, y es en marzo cuando el secretario revela esta circunstancia, y cuando el juez finalmente lo notifica. Así, lo hace el 27 de marzo, el día después de que su esposa, la abogada Margarita Alejo, renunciaba a la representación legal de Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs. Este hecho era el que sirvió para que se recusara por primera vez al juez Lis, porque había permitido la personación en una causa al cliente de su esposa.