El Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelar de cierre de cinco bodegas ubicadas en el municipio de San Bartolomé, solicitado por la asociación ‘Jacón por la defensa del medio ambiente’, domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria.

La asociación, representada por el abogado Juan David García Pazos, había recurrido la desestimación por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de un escrito presentado el pasado mes de septiembre en el que pedía el cierre de bodegas El Grifo, Bermejo, La Florida, Mozaga y Barreto.

El colectivo, que se ha intentado personar en el caso Stratvs cuando ya estaba finalizada la investigación en lo que la juez tachó de "fraude procesal", solicitó la medida cautelar contra las citadas bodegas con carácter “urgente” e ‘inaudita parte’, es decir, con la pretensión de que el Juzgado ni siquiera tuviese en cuenta los argumentos del Ayuntamiento de San Bartolomé, que es la parte demandada en el Juzgado de lo contencioso administrativo.

El Juzgado considera en auto fechado el pasado 29 de abril que no cabe la adopción de la medida cautelar “sin audiencia” de la parte contraria y da un plazo de tres días al Consistorio de San Bartolomé para que exponga sus razones para no clausurar las bodegas.

Batería de recursos para exigir el cierre

Las intenciones de Jacón no sólo son el cierre de las bodegas ubicadas en San Bartolomé. En una reunión extraordinaria de la asociación el pasado 17 de febrero acordaron, además de recusar a la juez del caso Stratvs, interponer recurso contra el Ayuntamiento de Tías por conceder licencia de obra menor de instalación de una depuradora en Bodegas Martinón.

La estrategia de Jacón pasa por intentar el cierre de todas las bodegas abiertas en el espacio de La Geria

De igual modo, acordaron interponer un recurso contra el mismo Consistorio de Tías por desestimar por silencio el cierre solicitado en septiembre del año pasado de las Bodegas Vega de Yuco y Martinón.

Así mismo, acordaron recurrir en la vía judicial el rechazo del Ayuntamiento de Yaiza la solicitud de clausura de la actividad de Bodegas Antonio Suárez, La Geria y Rubicón. También acordaron recurrir el rechazo del Ayuntamiento de Tinajo a la clausura de la Bodega Finca de Las Quemadas, y contra el de San Bartolomé por negarse a cerrar El Grifo.

Bodegas en San Bartolomé

En el caso evaluado por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 5, el Ayuntamiento de San Bartolomé denegó por silencio administrativo la reclamación de cierre de las bodegas, lo que para Jacón es una decisión “lesiva para el medioambiente”. En su demanda, considera “grave” que, según asegura, las bodegas “no cuentan con los permisos y autorizaciones pertinentes” y su actividad “no tiene ninguna cobertura legal”.

Además, Jacón dice que las bodegas causan “un perjuicio irreparable por los vertidos de las mismas en el subsuelo” y pretende utilizar contra las empresas los trámites publicados entre febrero y marzo en el boletín oficial de Canarias para la instalación de depuradoras  por parte de El Grifo, La Florida y Bermejo.

La asociación también cita parte de un informe jurídico realizado a instancia del Consejo Insular de Aguas que subraya la ausencia de “autorización de vertidos” de las bodegas en La Geria, salvo en el caso de Bodegas Yuco.

Bodegas abiertas por “interés general”

Ese mismo informe del Consejo Insular de Aguas también concluía que “por razones de interés general, y con carácter temporal, cabría no suspender la actividad” adoptando “medidas provisionales que minimicen los riesgos del vertido” al subsuelo mientras se instalan las depuradoras.

Para Jacón, en cambio, “es evidente que ha de procederse al cierre inmediato de las bodegas, que no cuentan con los medios necesarios para poder reciclar los líquidos que generan las bodegas, en concreto con depuradoras que están pidiendo en estos momentos”.

Por ello, subraya la demanda, “se tiene que proceder al cierre, por más que se indique que el interés general aconseja lo contrario”, en referencia al informe del Consejo Insular de Aguas. “No es cierto”, añade, “el interés general primordial es la defensa medioambiental y no el de una actividad económica particular”.

Procedimiento penal abierto por vertidos

En la demanda también se destaca que “existe un procedimiento penal abierto, por posible delito contra el medio ambiente”, que se sigue desde 2014 en el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, “precisamente por los vertidos no autorizados que realizan algunas de las bodegas de las que se interesó el cierre”.

En el marco de ese procedimiento penal, apunta Jacón, “se realizó un informe del Servicio de vigilancia de cauces, dependiente del Consejo Insular de Aguas, sobre si se producían vertidos en algunas de dichas bodegas”.

La asociación tacha de “increíble” el caso de Bermejo. Según asegura en la demanda, la bodega trasladó que el Ayuntamiento de San Bartolomé “había otorgado licencia para verter el agua residual al subsuelo”.

“Si fuera cierto”, expone Jacón, el Consistorio “habría cometido un delito pues ni es competente en materia de vertidos, ni se permite la existencia de los mismos en un paraje de especial protección e interés medioambiental como La Geria”.