Quince años después de que se abrieran las diligencias judiciales por la construcción de los chalés de la urbanización La Bufona (Arrecife), ya hay fecha para la vista oral. El juicio se celebrará en el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife los días 23, 24, 28 y 29 de septiembre.

En el banquillo se sentarán el constructor Antonio Caro y el promotor Federico Echevarría, para los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.

El Ministerio Fiscal considera que no respetaron la paralización de las obras dictada por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), que construyeron 53 viviendas donde sólo podían levantar 30, que lo hicieron sin licencia municipal y sin calificación territorial y que ocuparon una zona de suelo rústico de valor ecológico, además de excederse de los límites del plan parcial y de la superficie permitida para las casas.

La acusación particular, ejercida por la familia Murillo, propietaria de parte de los terrenos ocupados por esas viviendas, pide 15 y 11 años de cárcel, respectivamente, porque considera que los acusados también son responsables de los delitos de falsedad en documento público y estafa.

Tanto la Fiscalía como la familia Murillo piden la demolición de las viviendas. El Tribunal Supremo anuló hace años la modificación del plan parcial de La Bufona que se hizo en 1998, por lo que actualmente todas las casas están fuera de ordenación.

La Apmun ya ha ordenado el derribo parcial de 14 chalés que ocupan suelo rústico y responsabiliza a los propietarios de las viviendas, que han recurrido esa decisión, de haber ampliado las casas.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el constructor y el promotor, así como la demolición de todas las viviendas del Plan Parcial

Los dos acusados también han sostenido que los que ampliaron las casas fueron los compradores. Entre los dueños de esas casas se encuentra un notario, que escrituró otras viviendas de esa urbanización, que sobre el papel tienen menos de cien metros cuadrados pero que en la realidad tienen cerca de 250 metros.

Otro de los propietarios es el fiscal Miguel Pallarés, que ahora ejerce en Las Palmas pero que fue fiscal coordinador de Arrecife; así como la presidenta insular del PP y parlamentaria, Astrid Pérez.

Además de estas irregularidades, las casas estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, sin pagar impuestos, tampoco se realizaron los accesos por carretera, que aún no se han llevado a cabo, y se vendió una parcela que debía ser expropiada por el Servicio de carreteras del Gobierno a una cadena de supermercados. Uno de los socios de la promotora era Francisco Carmona, encargado municipal del catastro, que también estuvo imputado hasta su fallecimiento.